DESAFÍOS. Un reporte realizado por la CAF plantea una ruta hacia la transición energética, que priorice a las personas y contribuya a reducir las desigualdades.
La transición energética es ahora y América Latina y el Caribe deben tener un rol central, impulsando un proceso justo, que favorezca el crecimiento vigoroso e inclusivo, y que contribuya al cierre de brechas de ingreso per cápita respecto al mundo desarrollado y a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Aunque todos los países de la región deben sumarse a los esfuerzos de disminuir las emisiones energéticas, la velocidad y las estrategias para hacerlo deben ser específicas para cada uno.
Estos son algunas de las recomendaciones del nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF titulado “Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible” que desarrolla un análisis exhaustivo de la situación energética actual de la región, para luego focalizarse en las agendas de oferta y demanda de energía.
El reporte pone énfasis en tres sectores cruciales para proyectar la demanda: el transporte, la industria y el sector residencial, y cierra con un análisis de los impactos que la transición tendrá en la macroeconomía en su conjunto, en particular sobre las finanzas públicas, el sector externo y el mercado laboral.
Desde 1850, la actividad humana ha causado la emisión de más de 2.300 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2). Más del 68 % de esas emisiones provinieron del uso de energía generada por fuentes fósiles. Es por eso que los científicos advierten que, al ritmo actual de emisiones, nos quedan 28 años para limitar el incremento de la temperatura a 2 °C respecto a la era preindustrial y tan solo nueve años para limitarlo a 1,5 °C.
Comparativamente, la región contribuye poco en materia de emisiones (11 % del total global), pero es particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, lo que a su vez demanda esfuerzos de adaptación y resiliencia climática.
“Somos una región de soluciones, con capacidad para contribuir al proceso mundial de transición energética aprovechando las oportunidades que surgen para los países con reservas de minerales críticos -como el litio, el cobre o el níquel-, para los países con reservas de gas, cuyo uso durante la transición reduciría las emisiones sin abandonar inmediatamente los combustibles fósiles, y para los países con potencial de producción de energías renovables en la relocalización de actividades intensivas en energía (powershoring)”, explicó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
“Con este reporte, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe ratifica su compromiso de acompañar a la región mientras afronta con éxito el desafío de una transición con energías renovadas”, afirmó Sergio Díaz-Granados.
Oferta y demanda
Desde el punto de la oferta y mirando hacia la descarbonización, el RED propone el incremento de la capacidad de generación de electricidad impulsada por una mayor participación de las fuentes renovables no convencionales y el desarrollo de combustibles de bajas emisiones como los biocombustibles o el hidrógeno.
Además, durante la transición, el gas puede jugar un rol crucial sustituyendo combustibles fósiles más contaminantes como el petróleo y el carbón. Si se sustituyera el 50 % de los usos actuales de petróleo y carbón por gas se podrían reducir en un 7 % las emisiones de la región, lo que representa casi un 65 % del total de compromisos que la región se fijó para 2030, que es una reducción del 11%.
Desde el punto de vista de la demanda, la eficiencia y el ahorro energético son esenciales. En el caso del sector industrial la transición pasa por la electrificación de algunos procesos o usos que actualmente dependen de combustibles fósiles al igual que el fomento de la economía circular.
En movilidad urbana, es importante el uso de transporte público sostenible (masivo y activo). En la logística urbana hay espacio para la electrificación, mientras que, en el caso de transporte de carga, la promoción de la eficiencia y el uso de combustibles alternativos son medidas que pueden ser efectivas en el corto plazo.
Cerrar las brechas de acceso
Una transición justa también precisa cerrar las brechas de acceso y calidad de energía que aún persisten en la región. Dentro de las políticas para la demanda de los hogares, en el RED se destaca la electrificación de algunos consumos, como el de calefacción y cocción, evitando el todavía frecuente uso de la biomasa con sus consecuencias negativas para la salud. Asimismo, se recomienda fomentar mejoras en la eficiencia energética, con electrodomésticos que consuman menos y el uso de mejores envolventes para las construcciones, entre otros.
La transición energética impactará en las economías de la región transversalmente, con efectos en el mercado laboral, en la estructura económica y en los balances macroeconómicos. En el campo laboral implicará un desplazamiento de trabajadores desde sectores y ocupaciones tradicionales hacia empleos “verdes”, que además de tener características diferentes, demandan más habilidades y tareas más abstractas y ofrecen salarios más altos.
Soluciones diferentes, políticas transversales
Los desafíos de la transición son globales, pero este proceso afectará de manera diferenciada a los países de la región dependiendo de su matriz energética y de su dependencia de los combustibles fósiles. Cada uno tendrá que esbozar sus planes y la velocidad de respuesta, pero el RED plantea cuatro políticas transversales: el financiamiento verde, los mercados de carbono e impuestos al carbono; las tecnologías de captura y uso de carbono; y la economía circular. Es vital coordinar esfuerzos nacionales y regionales para transitar el camino de la transición energética.
La CAF se ha comprometido a dedicar al menos el 40 % de sus aprobaciones a proyectos verdes, incluidos los que facilitan la transición energética.
FUENTE: CAF