AFECTACIÓN. En la zona funcionan alrededor de 500 hornos. La mayoría se encuentra en zonas de vocación forestal.
Pobladores y autoridades de San Rafael de Velasco aseguran que gran parte de las 150 comunidades de nueva creación, asentadas en el transcurso de los últimos 10 años, han instalado cerca de 500 hornos de elaboración de carbón en base a maderas preciosas y semipreciosas.
Su materia prima son morado, tajibo, eroble, curupaú y sirari, entre otras especies con potencial de exportación con valor agregado, extraídas de zonas de desmonte que se desconoce si cuentan con autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
“Es inadmisible la cantidad de hornos que hay en la Chiquitanía, nadie lo sabe a cabalidad. Aquí en San Rafael, en plena pausa ecológica, en plena humareda, teníamos un horno funcionando sobre la carretera hacia San José de Chiquitos. ¿Quién controla esto? La ABT debería hacerlo”, afirma Humberto Vargas Roca, alcalde de ese municipio
El 80% de su territorio es área de vocación forestal permanente, de acuerdo con el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz.
Diferencias
Alejandro Vaca Díez, cacique de la comunidad de Santa Teresita del Surutú, alega que parte importante de la elaboración de carbón se realiza de forma ilegal. Responsabiliza al Estado y a la ABT, por realizar controles rigurosos para las comunidades oriundas y no así para las de nuevo asentamiento.
“Si alguien de una comunidad indígena va y solicita permiso para realizar alguna actividad acá, le piden varios requisitos y se cansa más sin resultados. Sufrimos este problema hace unos nueve años”, añade el cacique de Santa Teresa del Surutú.
El tiempo que señala el cacique coincide con el inicio de asentamientos de nueva creación que se dedican a otras formas de producción, diferentes a las que practica la región.
Falta de control
El gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, Julio Egüez Aguilera, señala que todos los incendios son provocados por “gente que llegó del interior”.
“Lastimosamente, hay que decirlo, son ellos y son bolivianos, pero también son malos bolivianos, nadie los controla. La gente de la ABT viene a veces y se hace de la vista gorda, o si lo ven, no hacen nada”, declara esta autoridad.
Alejandro Vaca Díez señala que no es posible contabilizar la cantidad de madera preciosa y semipreciosa que emplean para la elaboración de carbón, “pero los camiones salen tres veces a la semana, son camiones grandes, tráileres, que salen y que solo pararon un poco por la pausa ecológica”.
Áreas protegidas sin protección
La situación para los municipios con áreas protegidas es complicada. Las áreas protegidas subnacionales, que vienen a ser municipales, tienen serios inconvenientes a la hora de administrar estos espacios.
Las autoridades indígenas de la zona reclaman por la falta de fiscalización.
Tanto el INRA a través de resoluciones de asentamiento, como la ABT con resoluciones de desmonte, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dando cuadrículas mineras, e incluso la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) autorizando la apertura de carreteras, hacen que el mismo Estado sea el que afecte a las reservas forestales.
En la región chiquitana el INRA otorgó resoluciones de asentamiento a comunidades de nueva creación, dentro de zonas de vocación forestal, lo que deriva en desmontes de gran dimensión; incluso, dentro de áreas protegidas.
Desmontes
Al contar con ese aval, estas comunidades tienen derecho a acceder al plan de desmonte de 20 hectáreas por comunario. El resultado son cientos de hectáreas de desmonte incluso dentro de áreas protegidas, en las que funcionan hornos de fabricación de carbón.
Julio Egüez Aguilera, gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, cuenta que “de un día para otro” aparecen personas que con resolución del INRA en mano, piden se les indique el lugar aprobado para su asentamiento.
Esa situación complica a las alcaldías porque son nuevos pobladores que de inmediato requieren camino, educación, salud, saneamiento básico y agua potable, entre otros servicios, “y no solicitan estos servicios a la Gobernación o al Gobierno Nacional, sino a los municipios, a los que presionan para que se les dé todas estas cosas”.
Pérdidas por incendios forestales
San Rafael de Velasco se caracteriza por la actividad ganadera. Existen alrededor de 130.000 cabezas de ganado tanto en comunidades como en pequeñas, medianas y grandes propiedades ganaderas. Como segunda actividad se encuentra la agricultura.
El alcalde de San Rafael lamenta que la situación ha empeorado en los últimos años.
El alcalde Vargas señala que los oriundos de la región han convivido por muchos años con el fuego, “porque era la forma natural de producir”. “Se chaqueaba y se prendía fuego para luego sembrar, cuando era época de siembra; pero, hace ocho años particularmente, nos declaramos en desastre por incendio y por sequía en el municipio, porque durante este tiempo ya hemos llegado a tener fuego de manera permanente”.
Allí, entre junio y mediados de octubre, lo que no se perdió por la sequía y el estrés hídrico lo hizo por los incendios. De las 900 mil hectáreas que abarca el municipio, 600 mil fueron afectadas. Se perdieron pasturas naturales y producción estacionaria para la subsistencia de las comunidades.
El alcalde señala que, con información temprana de un centro de monitoreo, pudieron detectar dónde iniciaron los fuegos. “Sabemos a ciencia cierta las coordenadas del lugar donde comenzaron los fuegos» y afirma que la mayoría se iniciaron en zonas de nuevas asentamientos. San Rafael de Velasco cuenta con 22 comunidades indígenas y 150 de nueva creación.
