INFORME. El país no cuenta con un registro de agresiones digitales. Las mujeres que incursionan en política, son uno de los grupos más afectados.
La violencia digital es real y creciente, pero no está reconocida ni tipificada en el país, por lo que el vacío legal invisibiliza este problema que afecta mayormente a las mujeres. Así lo advirtió la integrante del directorio y coordinadora de Proyectos de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, durante la «Presentación de los informes para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia», realizado por las organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.
En 2023, el Ministerio Público registró 51.770 casos de violencia de género, explicó Quiroz, pero no existen estadísticas oficiales sobre agresiones digitales. «El Estado boliviano no ha recibido ninguna recomendación al respecto. Estamos intentando empujar una agenda que aborde estos derechos digitales», señaló.
La Fundación Internet Bolivia ha documentado algunos casos: 86 en 2021, 61 en 2022 y 112 en 2023, pero estos números apenas rozan la superficie del problema.
Quiroz enfatizó que la falta de tipificación legal deja fuera delitos como la extorsión digital, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y otros, por lo que una de las recomendaciones clave es incluir estas formas de violencia en la Ley 348 o el Código Penal, así como generar estadísticas estatales que dimensionen el problema.
Una encuesta de Fundación Internet y Oxfam reveló que el 75% de las mujeres políticas en Bolivia enfrentaron violencia en línea durante las últimas elecciones. Quiroz resaltó que las mujeres son un grupo especialmente vulnerable, por lo que es urgente garantizarles acceso a justicia y mecanismos de protección efectivos.
“Estas agresiones no solo son una violación a sus derechos, sino que limitan su participación en espacios públicos y políticos”, dijo.
Brecha digital y marco legal
Además, Bolivia enfrenta una persistente brecha digital. Entre el 60% y 65% de la población utiliza internet, pero el acceso es desigual, y el resto ni lo utiliza. «No todas las personas utilizamos el mismo Internet, algunas utilizamos un internet más rápido y más barato y otras personas tienen que comprar datos cada día, y además ni siquiera cada día sino cuando lo necesitan, y tienen una conectividad diferente con menos posibilidades de acceder a información y de poner su voz en internet», explicó Quiroz.
La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización, pero también evidenció las profundas desigualdades en acceso y calidad de la conectividad.
En temas de protección de datos personales, Bolivia carece de una legislación específica. A pesar de propuestas legislativas y esfuerzos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), estas iniciativas no han avanzado. En ese sentido, Quiroz recomendó que cualquier normativa futura contemple una autoridad independiente que garantice la aplicación efectiva de la ley.
Estas son las cifras de denuncias registradas por la Defensoría del Pueblo en 2024.
Las cifras globales
Durante el encuentro, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el reporte de quejas del Sistema del Servicio al Pueblo (SSP) de 2024, el cual devela que la institución defensorial recibió 25.840 casos, de los cuales, son las mujeres la población que presentó más denuncias por haber sido vulneradas en sus derechos humanos.
Del total, 12.181 denuncias fueron presentados por mujeres, frente a 11.350 denuncias realizadas por varones; 61 casos presentados por personas trans, disidentes de género, intersexuales y otros.
