PREVENCIÓN. La CEPAL insta a actuar con sentido de urgencia para prevenir y eliminar la violencia por razón de género en la región.
En 2023, al menos al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. Esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región, según los últimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe América Latina y el Caribe: actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios se inscribe en la Campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres antes de 2030, que impulsa el Secretario General de las Naciones Unidas.
“Este número doloroso e inaceptable nos recuerda que, a pesar de los avances en leyes y protocolos, el feminicidio sigue presente en nuestra región y es la expresión extrema de los patrones patriarcales y violentos. Es tiempo de actuar con sentido de urgencia”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Es urgente, plantea la Cepal, desarrollar políticas y programas que aborden las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a servicios, y generen confianza para que las víctimas denuncien y busquen apoyo y protección en las instancias públicas que deben cumplir con su deber de garantizarles una vida libre de violencia.
Hay leyes, pero la realidad no cambia
En la actualidad, todos los países de la región cuentan con leyes dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; 14 países han adoptado leyes integrales que amplían la comprensión y rango de acción frente a esta verdadera “pandemia en la sombra”, y 19 países han aprobado leyes y protocolos que penalizan el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género.
Esto, en gran medida, como resultado de la adopción, hace 30 años, de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), así como de la Agenda Regional de Género acordada en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a lo largo de los últimos 47 años.
Pese a los progresos legislativos, a la creciente visibilidad y concientización social y a la mejora en la respuesta institucional de los Estados, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad persistente y extendida en América Latina y el Caribe y una grave vulneración a sus derechos humanos, subraya la CEPAL.
Las cifras de la violencia
Las encuestas nacionales revelan que entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito de su vida y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 mujeres en la región ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida. Las niñas y adolescentes también se encuentran especialmente expuestas a la violencia de género con los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, que afectan a 1 de cada 5 niñas en la región.
En 2023, de los 18 países de América Latina que aportaron información sobre feminicidio o femicidio, 11 registraron una tasa superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres. Honduras registró 7,2 casos, mientras Haití reportó 0,2 casos. El horizonte al que aspira la región es a una tasa de 0 feminicidio.
Estos son los compromisos asumidos en el mundo y en la región.
El agresor es conocido
El reporte de la Cepal, también indica que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género en la región ocurrieron en el ámbito de relaciones de pareja vigentes o finalizadas. Ocho países dan cuenta de que esto sucedió en más del 60% de los casos. En Puerto Rico, el 100% de los feminicidios informados fueron perpetrados por la pareja o expareja. A su vez, en Paraguay, Cuba, Chile y Uruguay, entre el 73,9% y el 88,9% de los casos registraron esta misma vinculación entre víctimas y victimarios.
De acuerdo a la encuesta realizada en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Uruguay, entre 2019 y 2024, apenas entre un 20% y un 30% de quienes viven situaciones de violencia efectivamente utilizan los servicios estatales especialmente diseñados para ellas.
Pero aumentar la confianza en las instituciones requiere de respuestas efectivas, especialmente frente a situaciones de riesgo. En 4 países, entre el 22% y el 35% de los casos de femicidio contaban con antecedentes al momento de su ocurrencia, ya sea denuncias por violencia de género o medidas cautelares contra el perpetrador.
No discrimina edad
La violencia feminicida afecta a todas las edades: más del 75% de las víctimas tenían entre 15 y 59 años, sin embargo, un 3% fueron niñas menores de 15 años y un 10% tenía 60 años y más.
Tal como se ha indicado en años anteriores, los femicidios también tienen graves consecuencias para las personas dependientes de las víctimas, entendidas como los hijos, hijas y otras personas a cargo. Y apenas 8 países, entre ellos Bolivia, han generado hasta ahora medidas de reparación concretas.
La Cepal instó a los gobiernos de la región a redoblar esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información, a aumentar los recursos presupuestarios para diseñar políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes, y a invertir en la prevención efectiva de la violencia de género.
Es preciso fortalecer la valoración del riesgo y las medidas de protección efectivas para las víctimas, así como su acceso a los servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, entre otros, y a oportunidades educativas, económicas y laborales, concluye.
