AVANCES. Siete países de la región presentaron sus planes nacionales. Es urgente integrar la perspectiva de género.
Un Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue aprobado recientemente durante la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, que se celebró en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.
El objetivo del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Este artículo establece, entre otras cosas, que se garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y que deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
En la última década, casi 2.000 personas que defienden el ambiente fueron asesinadas en el mundo, y 3 de cada 4 de esos asesinatos sucedieron en algún país de América Latina y el Caribe, aseguró Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú.
Un plan de seis años
El plan de acción fue preparado por un Grupo de Trabajo de composición abierta con la significativa participación del público, especialmente de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, y sometido a consideración de los 15 Estados Partes del Acuerdo. Su plazo de ejecución es de seis años: de abril de 2024 a abril de 2030.
El plan se estructura en cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios: generación de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación para su implementación nacional, y evaluación, seguimiento y revisión. A su vez, cada uno de los ejes prioritarios incluye un conjunto de acciones estratégicas que se propone impulsar para el logro de los objetivos. Durante la sesión, delegados de gobiernos, funcionarios internacionales y representantes del público y de los pueblos indígenas coincidieron en que este plan es de máxima urgencia y relevancia política para América Latina y el Caribe, y un imperativo ético insoslayable, dada la dramática situación que viven las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región.
El avance nacional
En el encuentro también se realizó una sesión sobre la implementación nacional del Acuerdo de Escazú, en la que los Estados Partes dieron cuenta de sus avances y adoptaron una decisión en la materia. Específicamente, siete países de la región -Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile- compartieron sus planes nacionales, en construcción o ya aprobados, para una efectiva y progresiva implementación del tratado. Estos planes incluyen diversas estrategias y acciones tendientes a dar a conocer ampliamente los pilares y alcances del acuerdo, actualizar y armonizar la normativa interna y coordinar la labor de las distintas instituciones y actores involucrados.
Finalmente, tuvo lugar una sesión especial sobre el acceso a la información ambiental enfocada en sistemas de información ambiental y registros de emisiones y transferencia de contaminantes, con la participación de destacados expertos en la materia.
En la clausura de la reunión, Cousillas, subrayó que la implementación nacional del tratado es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados Partes e instó a trabajar para que más países integren el acuerdo regional. “Hay 33 países que tienen la vocación de participar de esta asamblea. Nos queda trabajo para invitarlos, ayudarlos, fortalecer a la sociedad civil en esos países, para dar la posibilidad de que se entiendan los alcances y las ventajas de este acuerdo que posee un ámbito de diálogo, de cooperación”, afirmó
Joara Marchezini, representante electa del público, en tanto, reconoció que, si bien aún queda mucho por hacer, se han materializado importantes avances, como el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que permitirá cambiar el futuro de la región. “El futuro está marcado por la implementación”, señaló.
Anixh de Pablo, lideresa indígena del Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al, Chuj y Akateko de Guatemala, demandó la inclusión de elementos y mecanismos que garanticen la participación de los pueblos indígenas, e instó a los Estados Partes a crear e institucionalizar los mecanismos de participación plena y efectiva de defensoras y defensores del medio ambiente en sus planes nacionales, a destinar los recursos necesarios para garantizar dicha participación y a diseñar los procesos de evaluación periódica de estos planes.
Urgente integrar la perspectiva de género
Al clausurar la reunión en Santiago, los países coincidieron en la urgencia de integrar y reforzar la perspectiva de género en el acuerdo y adoptaron varias decisiones relativas al tratado regional.
En la COP 3 los Estados Partes aprobaron un proyecto de decisión en el que acogen con beneplácito todas las medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en las materias relativas al Acuerdo de Escazú. También alientan a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, incluyendo a las mujeres indígenas, y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la aplicación del Acuerdo.
La COP 3 del Acuerdo de Escazú congregó a más de 700 personas en forma presencial, entre delegaciones de 15 Estados Parte y nueve países observadores, miembros del público -entre ellos numerosos jóvenes y representantes de los pueblos indígenas-, de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. También fue seguida por cientos de personas de manera virtual.
La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizará del 22 al 24 abril de 2026 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.
Los delegados al encuentro expresaron su satisfacción por los acuerdos alcanzados. El desafío es aplicar las medidas en cada país.
Fuente: CEPAL
