Demandan seguridad jurídica para frenar la depredación en los bosques de la Amazonía

MITIGACIÓN. Aún se puede frenar la destrucción de la región. También es necesario establecer un tratado para el cuidado del agua.

Sumando Voces

Entre el 20 y el 25 por ciento de la Amazonía ya ha sufrido una irreversible depredación debido a la deforestación, los incendios y otras actividades humanas, según lo establece el estudio titulado “Amazonía Contrarreloj”. No obstante, plantea alternativas para salvar el otro 80% del denominado pulmón del planeta, entre las que figuran la seguridad jurídica para los bosques, la titulación de tierras en favor de los pueblos indígenas y la ampliación de las áreas protegidas.

Las propuestas fueron expuestas por la directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Marlene Quintanilla, durante el programa Sumando Voces en Directo, que se difundió el pasado jueves. El estudio fue desarrollado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e incorpora datos desde 1985.

Pero no son las únicas propuestas. En el mismo programa, el director de la Fundación Solón, Pablo Solón, adelantó que, en el marco del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se desarrollará en junio en Bolivia, se está planteando un tratado para reestablecer el ciclo del agua que, a diferencia de otros tratados, no pondrá a los seres humanos como el centro del mismo, sino al agua.

Solón califica esta iniciativa como innovadora. “Rompe el carácter antropocentrista de todos los tratados porque plantea que el objeto del mismo no son los seres humanos, el objeto del tratado es el agua, porque se busca restablecer el ciclo del agua. Por tanto, el agua tiene que participar en el tratado. Tenemos que dejar de pensar en tratados sólo entre Estados, sino que tienen que haber tratados entre Estados, sociedad civil y también la naturaleza, representada por diferentes instancias”.

Quintanilla, por su parte, considera que, así como se protege la propiedad privada de las personas, se deben proteger los bosques.

“Una de las medidas importantes tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica de los bosques. En los países amazónicos se tiene que ver al bosque como un bien económico, como un bien social y, por supuesto, como un bien ecológico”, afirma Marlene Quintanilla.

También sugiere “avanzar en la demanda que tienen los pueblos indígenas para la titulación de sus territorios (…), además de la creación de (nuevas) áreas protegidas”.

La propuesta está basada en el diagnóstico citado más arriba, que indica que el 85% de la deforestación ocurre fuera de los territorios indígenas o de las áreas protegidas lo que, en el caso de Bolivia, se eleva al 95%.

De hecho, según Quintanilla, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) demanda la titulación de 100 millones de hectáreas, pero no hay respuesta de los gobiernos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y otros.

Solón, además, recoge otras iniciativas que se han generado últimamente, como el anuncio del procurador del Estado, Cesar Siles, en sentido de que se revertirán los predios que sean deforestados ilegalmente.

“La función económica social que se aplica a empresas grandes y medianas, implica no deforestar de manera ilegal y le instruye al INRA y a la ABT proceder a hacer la identificación y los procesos para reversión de (esas) propiedades”, dice haciendo alusión al anuncio de la Procuraduría. Solón espera que este año, antes de la época de incendios, se inicien los procesos de reversión de esas tierras.

Al margen de las acciones del Estado, Solón también destaca las iniciativas de los pueblos y organizaciones, como la acción popular planteada por la Central de Pueblos Indígenas del  norte de La Paz (CPILAP) en contra de la minería ilegal o la declaratoria del Municipio de Palos Blancos como territorio egroecológico, libre de minería.

Se espera que unas 1.200 personas de nueve países participen del XI FOSPA, que tendrá una tónica diferente ya que se han planificado 17 visitas a comunidades indígenas para discutir su situación in situ. Algunas de esas comunidades sufrieron incendios el año pasado. El FOSPA se realizará en Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes, entre el 12 y el 15 de junio.