PROCESO. La audiencia se realiza este miércoles 23 de abril. Esta especie enfrenta diversas amenazas, que incluyen el tráfico, la caza ilegal, la deforestación y los incendios.
Este miércoles 23 de abril, el Tribunal Agroambiental de Bolivia realizará una audiencia pública sin precedentes en Sucre, para tratar una Acción Ambiental Directa por la protección del jaguar (Panthera onca) y su hábitat, reconociendo por primera vez esta figura legal como mecanismo de defensa de la biodiversidad y los derechos ambientales.
La acción judicial se inició tras la presentación de una acción por parte de la diputada María René Alvarez frente al caso del biocidio de jaguares que se habría realizado en el ANMI San Matías, destapado en 2024 por una investigación iniciada en Argentina, y que desbarató una red internacional de caza y tráfico ilegal de fauna silvestre. Sin embargo, hasta ahora en Bolivia el proceso no avanza y no se ha dado con los cómplices que operaron en nuestro país junto a la red de Nestor Noya (quien lideraba esta red y que se encuentra con arresto domiciliario en Argentina).
Alas Chiquitanas Voluntarios, organización activista con cinco años de trabajo en emergencias ambientales, protección de fauna y apoyo a bomberos voluntarios y guardaparques, es una de las organizaciones que se adhirió como terceros interesados.
Múltiples amenazas
El tráfico y caza ilegal es sólo una de las amenazas que enfrenta el jaguar. Alas Chiquitanas afirmar que a esto se suman la deforestación, la falta de recursos para su conservación, los incendios, y los intereses económicos están arrasando con el hábitat de esta especie y poniendo su sobrevivencia en peligro.
Además, hay una afectación mayor, ya que se trata de una especie paraguas cuya presencia garantiza el equilibrio de los ecosistemas; por ello, proteger al jaguar significa mucho más que defender a una sola especie, es abrir un camino legal real y concreto para la defensa de la biodiversidad, los territorios y la vida misma.
Esta acción marca un antes y un después en la justicia ambiental boliviana, y se realizará mediante un Amicus Curiae, “Amigos de la Corte”, presentado por Alas Chiquitanas y que abre el proceso a la sociedad para que ésta abogue por la protección del jaguar y su hábitat.
Demandas
En el petitorio, la organización existe reconocer la gravedad del tráfico ilegal de partes del jaguar, el biocidio y los incendios forestales como violaciones a derechos constitucionales, además de modificar la Ley 1333 y el Código Penal para endurecer las sanciones por delitos ambientales, tráfico de fauna e incendios.
También exige al Ministerio de Medio Ambiente y Agua una estrategia nacional urgente y efectiva para combatir el tráfico de fauna silvestre y crear un fondo estatal permanente para los Centros de Custodia de fauna silvestre, garantizando su sostenibilidad y operación adecuada.
Alas Chiquitanas considera urgente implementar medidas urgentes de control de incendios forestales, fortaleciendo vigilancia, prevención y respuesta; y reformar la Ley de Gestión de Riesgos (602) para agilizar respuestas ante desastres ambientales, sin trabas burocráticas.
Además, plantea la promulgación de una Ley Nacional de Bomberos Voluntarios que garantice presupuesto, derechos y protección legal para su labor; y dotar al SERNAP y a los guardaparques de recursos, reconocimiento y condiciones dignas para cumplir su rol ambiental.
El petitorio también demanda sancionar a autoridades que emitan información falsa sobre incendios; fortalecer la coordinación interinstitucional con POFOMA y otras entidades en la lucha contra los delitos ambientales; asignar recursos suficientes a POFOMA para asegurar cumplimiento de sus funciones de fiscalización y protección.
Las leyes incendiarias
Otro tema pendiente es la abrogación de las leyes incendiarias y establecer penas de cárcel a quienes provocan quemas ilegales; incluir la conservación como cumplimiento de la Función Económica Social (FES) en tierras fiscales y privadas; e implementar un Plan Nacional de Restauración Ecológica de áreas afectadas por incendios y deforestación.
Frente a los incendios que se registran en el país, piden crear programas de salud mental post emergencia para bomberos, guardaparques y comunidades afectadas por incendios; e inmovilizar áreas quemadas con vocación forestal, priorizando su restauración ecológica.
Además, exigen investigar negligencias institucionales ante los incendios de 2024, garantizar el acceso público y en tiempo real a la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú; proteger a los defensores ambientales y proteger el derecho al control social y a la participación ciudadana activa, reconociendo el rol de plataformas como Alas Chiquitanas.
