La marcha indígena del Alto Paraguá entra en su fase final y ratifica sus pedidos, incluyendo el respeto a sus territorios

DEMANDAS. Su pliego petitorio tiene ocho puntos y esperan ser escuchados por los diferentes niveles de gobierno. Se han sumado comunidades del Bajo Paraguá.

Este martes se cumplirá el noveno día de la marcha indígena que partió del Alto Paraguá y a la que se han ido sumando pobladores de otras zonas del municipio de San Ignacio de Velasco, uno de los más afectados por los incendios forestales que se iniciaron en el mes de junio en Santa Cruz.

A las 12 comunidades que iniciaron la protesta en el distrito ocho, se han sumado otras y ya son 20, incluyendo a las del Bajo Paraguá. Asimismo, el grupo de marchistas se ha ido engrosando desde que se inició el pasado 14 de octubre, en la comunidad de San José de Campamento, y en la actualidad ya son más de 200, entre hombres y mujeres.

El lunes llegaron hasta la comunidad de San Javierito, completando un recorrido de 137 kilómetros. Restan 23 para llegar a San Ignacio de Velasco, por lo cual estiman completar la marcha este miércoles. En los últimos días se han sumado pobladores de Carmen de Ruiz, San Antonio, Santa Rosa de la Roca, Sañonama, Mercedes de las Minas, Piso Firme y San Javierito.

Defensa del territorio

La razón principal es la defensa de sus territorios, que pasa por evitar asentamientos en las zonas afectadas por el futo y frenar el daño provocado por los asentamientos ilegales de los interculturales, menonitas y agroindustriales, para lo cual tienen un pliego petitorio de ocho puntos, con propuestas, para las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Asentamientos ilegales en el área Bajo Paraguá: Que las autoridades competentes procedan al desalojo inmediato de estos asentamientos ilegales, se investigue y castigue a los responsables conforme a la ley”, señala el primer punto del pliego petitorio de los indígenas.

El cacique de la comunidad San Simón, Lordy Suárez, espera que al llegar a su destino puedan ser atendidos por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación y los alcaldes de las zonas comprometidas. Desde que arrancó la movilización, ha insistido en la voluntad de diálogo del grupo y que actuarán como un cabildo, por lo que cualquier decisión se tomará con todos los presentes.

El efecto de los incendios

El fuego se inició a mediados de junio en el Alto Paraguá. Cuando iniciaban su marcha y el fuego continuaba en el Bajo Paraguá y en el Parque Noel Kempff Mercado, Suárez afirmó que en sus comunidades “y𝐚 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨, 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐦𝐞. Ahora necesitamos apoyo y ser parte de las acciones que se lleven adelante en la zona. Exigimos respeto a nuestro territorio”.

El segundo punto en el pliego petitorio de los indígenas está referido a los incendios forestales, para lo cual los indígenas proponen: abrogación de las leyes incendiarias; y la reestructuración institucional y normativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), para que se constituya una verdadera entidad de protección de los bosques con la capacidad operativa de control; la abrogación del 100% de las multas impuestas por la ABT a las comunidades originarias de Alto Paraguá.

Además, piden que se realicen las auditorías ambientales, forestales u otras medidas que correspondan, para que no solo se sancionen los asentamientos ilegales, desmontes y la afectación a nuestros recursos hídricos, sino también se garantice la restauración del ecosistema y el resarcimiento de daños, en el área protegida municipal y todo Alto Paraguá.

Con el paso de los días, el número de marchistas fue aumentando. Al iniciar el noveno día de marcha, superarán las 200 personas.

Exigen participación

Con relación a las medidas posteriores a los incendios, en el tercer punto del pliego petitorio, “proponemos realizar un inventario superficial de los impactos ambientales en las siguientes áreas: Evaluación de cobertura vegetal; impacto en el suelo; alteración en los ciclos hídricos; impacto en la biodiversidad; afectación a la población (indígena); impacto en la economía local; riesgos y vulnerabilidad futura”, señala el documento y remarca, “no podemos planificar y gestionar lo que no medimos”.

Una de las principales demandas de la marcha, es ser parte de la elaboración de los planes que posteriormente se aplicarán en la zona.

La cuarta demanda de los indígenas se refiere a la sequía, la que se ha acentuado luego de los incendios y que, por ejemplo, ha provocado que el municipio deba proveer agua en cisternas. En su propuesta mencionan la perforación de al menos un pozo de agua para el abastecimiento en las comunidades de San José de Campamento, San Ignacio del Colorado, Providencia, Santa Rosita de Lima y Tirarí. También solicitan la construcción de un atajado para cada una de las 12 comunidades de Alto Paraguá con retroexcavadora.

De acuerdo a la información registrada en Visión 360, el pliego petitorio indígena, en su quinto punto, se refiere a la protección y conservación de los recursos hídricos en el Alto Paraguá. Para ello proponen: la aplicación de una ley hídrica; aprobación y promulgación de una ley para el río Paraguá y su reconocimiento a nivel nacional; considerar la propuesta de humedales del Alto Paraguá como “reserva de la biósfera”; reconocimiento por resolución ministerial a la cuenca del río Paraguá, como “cuenca de prioridad nacional”.

Pausa ambiental

En relación a los incendios forestales que afectan la región desde hace cinco meses, los indígenas exigen una pausa ambiental, pero con regulaciones para que las comunidades indígenas no se vean afectadas y se les autorice realizar chaqueos, de manera que no se les impida generar recursos económicos.

El séptimo punto se refiere a la “protección del territorio ancestral del Alto Paraguá”, para la cual solicitan que se le asigne la categoría de “territorio indígena originario campesino”.

Finalmente, el octavo punto de la demanda indígena se refiere a la declaratoria para proteger el área municipal de Bajo Paraguá, para lo cual proponen conformar una comisión multidisciplinaria de verificación en la zona de Santa Rosita de Lima; modificar el nombre a “Área protegida de Bajo y Alto Paraguá” y que se reconozca a dicha comunidad como guardiana del área, en la cual se deberá implementar un centro de control y monitoreo.

Con datos de Visión 360