PENDIENTE. No hubo avances con el INRA y la ABT frente a su principal demanda: el respeto de sus territorios.
Tras ocho días de vigilia, trabajo en mesas técnicas y varios acuerdos con el Municipio de San Ignacio de Velasco y la Gobernación de Santa Cruz, los indígenas del Alto Paraguá, determinaron retornar a sus comunidades. Sin embargo, ante la ausencia del Gobierno nacional, no pudieron avanzar en su principal demanda: el respeto a sus territorios y que no se registren asentamientos ilegales en la zona.
«Solo falta sentarnos a dialogar y tener conclusiones y acuerdos con el gobierno nacional», dijo Lordy Suárez, cacique de San Simón y vocero de las comunidades del Alto Paraguá, al confirmar el retorno a sus comunidades, tras una marcha de diez días, en la que fueron sumando apoyo también de comunidades del Alto Paraguá, y ocho jornadas de vigilia en San Ignacio de Velasco.
No se logró la participación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a nivel nacional, que es fundamental para avanzar. No obstante, el municipio y la ABT regional informaron sobre las acciones que se están realizando para frenar los avasallamientos y el control de desmontes ilegales en el Area Protegida Municipal de Bajo Paraguá. El compromiso del municipio es establecer las acciones legales que permitan el desalojo de avasalladores en la zona.
Prevención
Hubo avances en la coordinación interinstitucional y la adopción de estrategias conjuntas para la gestión ambiental y la prevención de incendios forestales en la región. Por ejemplo, a partir de noviembre, habrá dos monitores comunales en Santa Rosita de Lima, comunidad que será la guardiana del Bajo Paraguá. Además, se realizará la señalización del área protegida. Estas acciones cuentan con el apoyo de Fundación Natura y en la segunda también participará el municipio.
Entre los principales acuerdos alcanzados se destaca el compromiso de implementar un plan integral de restauración, que incluirá la participación activa de las comunidades indígenas, respetando sus conocimientos y prácticas ancestrales, dando paso a una economía verde. Para ello, se realizará un diagnóstico de la situación ambiental post incendio y el municipio debe concluir la reglamentación de la Ley de Seguridad Hídrica.
El acuerdo fue rubricado por las autoridades locales y los caciques de las comunidades del Alto y Bajo Paraguá.
Agua y salud
La Gobernación comprometió la perforación de dos pozos artesianos en Santa Rosita de Lima y San Ignacito de Colorado. Además, se evaluarán otros pedidos como la ampliación de los atajados, y en los próximos días se iniciará el mejoramiento de caminos en la zona del Alto Paraguá.
En materia de salud, se elaborarán los proyectos para la construcción de un hospital de primer nivel y tres postas de salud, con el objetivo de gestionar el financiamiento. También se comprometió la provisión de medicamentos cada trimestre y se gestionarán ítems para médicos en el área rural del municipio.
Con el objetivo de garantizar la provisión de alimentos en la zona, se solicitará la apertura de una sucursal de EMAPA en San Ignacio. Además, el municipio realizará el control de la calidad y precios en las comunidades del Distrito 8, a partir de la siguiente semana.
Las 13 comunidades del Bajo Paraguá decidieron crear la Central Indígena del Alto Paraguá y desafiliarse de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), debido a la falta de apoyo de esta organización durante la movilización que se inició el pasado 14 de octubre.
Las diferentes mesas lograron acuerdos que luego se integraron en la declaración final.
