Cecilia Vargas
Cirujana y docente universitaria
Durante los primeros tres meses de este año, por medios presenciales y virtuales, se han llevado a cabo rendiciones de cuentas de distintas entidades públicas, esto en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley 341 de Participación y Control Social y la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En estas actividades se ha puesto el foco, y el ruido publicitario, respecto a los porcentajes de ejecución.
El porcentaje de ejecución presupuestaria como indicador de gestión eficiente tiene sus raíces en la evolución del control financiero y la administración pública, especialmente a partir del siglo XX. De hecho también es un parámetro considerado por entidades internacionales como requisito para acceder a créditos. Sin embargo, creo importante señalar ciertos sesgos que reflejan, no precisamente, uso eficiente de recursos.
Una alta ejecución presupuestaria, mayor a 90%, se considera eficiente, pero enmascara sobreprecios y ejecuciones apresuradas no planificadas; por otro lado, la baja ejecución presupuestaria, por debajo del 70%, reflejaría ineficiencia, y tras esa cortina, problemas de burocracia, de planificación, y de ajustes fiscales o que responden a otros factores. Por lo tanto, una “buena ejecución” debe vincularse a otros indicadores relacionados al impacto que ha significado esa ejecución en términos del bienestar de la gente en cuanto a políticas públicas se refiere, y también a la calidad del gasto.
En cuanto a todas las publicaciones sobre la ejecución presupuestaria 2024 que están circulando en medios de comunicación, sería interesante conocer además el nivel de satisfacción ciudadana y el acceso público a la información financiera de la entidad, siendo claro y detallado el reporte de lo ejecutado, por ejemplo, ¿los gastos relacionados a papelería son iguales para las entidades públicas y para cualquier persona que va a una librería y compra ese mismo material? Seguramente unos dirán que la pregunta es inocente o absurda, otras dirán que lo que sucede al respecto es un secreto a voces, y otras que sería innecesario porque en plena crisis se trata de economizar el gasto del erario público. El lector decidirá eso.
En el área de salud, según Transparencia Internacional y reportes de la OMS, el desvío de fondos por ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia, hace que se pierda alrededor del 10% al 25% del gasto total mundial en salud por año. Una publicación en la reconocida revista The Lancet, hace referencia a los avances tecnológicos en el área de la salud y la búsqueda del acceso universal, y el contraste con la corrupción que está presente de forma global, pero de la que no se habla abiertamente, y en la que, textualmente, es mortal. En sociedades con menor adhesión al Estado de Derecho, menor transparencia y menores mecanismos de rendición de cuentas, los sistemas de salud son más corruptos. La corrupción también causa desmotivación y agotamiento de los recursos humanos. Es el «cáncer de nuestros sistemas de salud»
Ejecutar el 100% del presupuesto no significa que el dinero se está gastando bien. Para detectar sobreprecios y despilfarro, es clave analizar el costo unitario, la transparencia en las contrataciones, la calidad de lo comprado y el impacto en la población. Los mecanismos para esto, con voluntad política y responsabilidad, podrían ser alcanzables para nuestro país, con la mirada puesta en modernizar los mecanismos de gestión pública con, por ejemplo, blockchain (cadena de bloques), que permite almacenar datos de manera segura, transparente e inmutable. Funciona como un libro de contabilidad digital en el que las transacciones o registros se agrupan en bloques que están conectados entre sí y protegidos mediante criptografía.
En Estonia el blockchain está implementado para la gestión de historias clínicas y la transparencia en la administración de recursos; en Estados Unidos se usa para la gestión de compra y administración de medicamentos y para gestionar los seguros médicos; en Ruanda este mecanismo busca garantizar suministros médicos a centros urbanos y rurales sin intermediarios. Estos mecanismos están en constante expansión en el mundo, en todos los rubros, y deben ser considerados para que las futuras ejecuciones presupuestarias bolivianas tengan el sustento y la confianza que amerita el uso de recursos públicos.
