CONSECUENCIAS. Un estudio estableció el impacto de los incendios de años anteriores en varios municipios cruceños. Es urgente adoptar medidas de mitigación.
Karina Vargas Alba
Los incendios forestales provocan una disminución de las áreas boscosas, que se traduce en la disminución de las lluvias, pero también en la progresiva disminución de la capacidad de recarga de las aguas subterráneas. Una reducción que puede llegar hasta un 40% al año siguiente de los incendios y que luego continúa con una caída de aproximada 3 milímetros por año.
“Los incendios están comprometiendo nuestra seguridad hídrica”, afirma la ingeniera hidrogeóloga Mónica Guzmán, pero aún es tiempo de actuar a través de políticas robustas, una buena administración del agua y adecuada infraestructura, que permitan mitigar el impacto sobre las fuentes de agua.
Santa Cruz hoy enfrenta la posibilidad de que los ciclos de grandes incendios se repitan con mayor frecuencia y esto aumenta el riesgo de disminución progresiva de las aguas subterráneas, fundamentales para el consumo de sus habitantes, pues son las que surten las vertientes y manantiales que hoy surten a la región. Las consecuencias en el corto plazo pueden ser la necesidad de perforar nuevos pozos y, a la larga, incluso la migración de las comunidades.
Un aspecto que vale la pena mirar en un 29 de octubre, consagrado como el Día Nacional del Agua y Saneamiento.
La situación actual
Bahía Negra es una pequeña comunidad del ANMI San Matías que hoy no tiene agua en sus pozos artesianos ni en sus paúros. En Monte Verde, los pobladores dependen de los pozos perforados, mientras el ganado sufre por la calidad del agua del río: escasa y contaminada por los residuos de los incendios. En Porvenir, la situación es similar, el pozo de agua no le ha fallado a la comunidad, pero el río Paraguá está seco y las lluvias que volvieron el 16 de octubre, después de cinco meses, no son suficientes.
Los incendios provocaron la contaminación de los ríos en las comunidades de Monte Verde. Hoy el ganado sufre por la falta de agua y la toxicidad de los pastos.
Por ello, mientras las cifras oficiales señalan que más de 8,7 millones de hectáreas fueron afectadas por los incendios en lo que va de 2024 en el departamento, es fundamental ver cuál será el impacto del fuego en la provisión y calidad del agua.
Roboré, Puerto Suárez y San José de Chiquitos son algunos de los municipios cruceños que han visto caer su capacidad de recarga en los últimos años. Así lo refleja un estudio que analizó estos procesos durante los últimos 40 años, con foco en varios municipios chiquitanos que sufrieron el impacto del fuego en 2019. Allí se estableció una estrecha relación entre los incendios y la disminución de la recarga de aguas.
La investigación, realizada por un equipo de expertos en hidrología, ofrece nuevas herramientas para modelar y predecir los efectos futuros de estos fenómenos, brindando información crucial para la toma de decisiones en la gestión del agua. Guzmán encabezó este equipo.
Más allá de las cenizas
El impacto del fuego en 2024 apenas comienza. La profesional advierte que durante los incendios la preocupación se centra en el fuego y, eventualmente, en la sequía. Sin embargo, el impacto sobre la calidad del agua es muy variable. Va desde lo más evidente, que es la producción de sedimentos, además de acelerar la erosión, hasta la afectación del agua subterránea.
A esto se suma la afectación en la cantidad. “La noción general es que, si hay incendios, la lluvia va a ser diferente y hay un impacto directo con el clima. Eso es muy cierto”, afirma. Sin embargo, hay un elemento esencial que se suele pasar por alto: una hectárea de bosques redistribuye el agua. “Si hay cenizas que obstruye los poros del suelo, el color del suelo cambia, absorbe más calor, se evapora más agua. Esto reducirá la capacidad de infiltración en la próxima temporada de lluvias”.
Coincidiendo con biólogos e ingenieros ambientales, durante un reciente conversatorio organizado por el Colegio de Ingenieros Ambientales (CIAM), Guzmán insistió en la necesidad de hacer un diagnóstico de cuáles son las zonas y los elementos más afectados, incluyendo el agua. Para ello, destacó la necesidad de sumar el aporte de la ciencia y la tecnología.
Así, más allá de las soluciones inmediatas, como puede ser la perforación de un pozo, se pueden evaluar estrategias de largo plazo, donde “la ciencia tiene que aliarse con la conservación y, sobre todo, con los tomadores de decisiones, para realmente empezar a pensar distinto en cómo revertimos esta situación”.
Este mapa refleja, en rojo, los municipios que enfrentaban una situación crítica con relación al agua en 2023. Allí se encuentran varios municipios afectados por el fuego en 2024.
El estudio
El trabajo en el que participó Guzmán estableció que los modelos hidrológicos utilizados tradicionalmente no contemplaban el impacto de los incendios en la recarga de aguas subterráneas. Sin embargo, este estudio demuestra que la pérdida de cobertura boscosa y la disminución de las lluvias, exacerbadas por los incendios, son factores determinantes que han contribuido a la situación crítica actual.
La investigación destaca que, en los últimos 20 años, la recarga en estos municipios cayó drásticamente, una tendencia que, de no revertirse, podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades locales.
«El agua subterránea es un recurso esencial y su protección debe ser una prioridad en la planificación del uso del suelo», señalaron los autores. «Ya hemos identificado las zonas más críticas y se están realizando testeos iniciales para poner en marcha un proyecto de recarga artificial de acuíferos, para mitigar el impacto de esta crisis. Sin embargo, se necesita un mayor compromiso de las autoridades y la comunidad para revertir la tendencia», explicó Guzmán.
Estos equipos que se han instalado en diferentes zonas de San José para medir el nivel infiltración de las aguas.
San José de Chiquitos
El equipo de hidrogeólogos trabajó en terreno en San José de Chiquitos. Esto permitió corroborar en los niveles subterráneos lo que los pobladores veían en su experiencia diaria: la escasez de agua, lo que subraya la urgencia de tomar medidas concretas.
La primera causa de disminución de aguas subterráneas era la reducción de las lluvias, como un efecto secundario de los incendios. Además, en los últimos años se registró una pérdida importante de cobertura boscosa. A través de sensores, pudieron establecer que, aunque haya lluvias copiosas, la capacidad de retención disminuyó, por lo cual el desafío es incorporar mecanismos para “atajar” el agua y activar ojos de agua.
Lo importante es que los parámetros que incorporó el estudio se aplicaron a todo el país. Así, identificaron 15 municipios críticos, y también cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad.
Las conclusiones han sido incorporadas como referencia para el fortalecimiento o ampliación de las acciones comprometidas para avanzar en las metas fijadas por Bolivia para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, referido a Acción por el Clima.
Mónica Guzmán junto a su equipo de trabajo en una de las reuniones con autoridades de San José de Chiquitos.
