Carlos Hugo Molina
Abogado / Director de Innovación del CEPAD
Debemos analizar el fenómeno de manera integral y plantearnos nuevas preguntas si queremos lograr resultados. Unido al número de habitantes y a la disminución de transferencia gubernamental, para hablar de desarrollo es necesario identificar la sostenibilidad institucional del gobierno municipal, las actividades económicas de la jurisdicción y el volumen de servicios básicos existentes. La evaluación de ese conjunto integral de variables, puede ofrecer las pistas sobre el futuro del municipio en el cumplimiento de sus obligaciones en salud, educación y desarrollo productivo.
Si tomamos el Censo del 2012 en el que 256 municipios con población menor a 20.000 habitantes no contaban con hospital de 2do nivel, y cuyo dato no ha variado al no existir nuevas construcciones, y lo integramos con otros servicios complementarios en el territorio, como universidad, SEGIP, Registro Civil, oficinas bancarias y de crédito, y otras 100 actividades demandadas por la población, recién podremos comprender las condiciones necesarias para lograr desarrollo económico y mantenimiento de la población en el territorio.
Para garantizar que los municipios atraigan inversiones y formen alianzas público/privadas en el desarrollo de sus territorios, debemos realizar una nueva categorización municipal; la realidad está demostrando la imposibilidad del cumplimiento de las mismas competencias en Yunguyo del Litoral en Oruro con sus 882 habitantes, a los 1.606.671 habitantes que le atribuye el Censo a Santa Cruz de la Sierra. La capacidad de desarrollo del municipio está relacionada a la fortaleza institucional existente y a sus ventajas comparativas y competitivas; y como cada territorio tiene su orquídea, comprobamos que las potencialidades y recursos turísticos presentes en la totalidad de los municipios, por ejemplo, no dependen del número de habitantes.
El marco para reactivar desarrollo y economía en los territorios, lo sigue aportando la participación popular. Recuerdo que la LPP incorporó el reconocimiento de la autonomía territorial como base de la gestión, transferencia de competencias y recursos, creación de la contraloría social con instrumentos de transparencia en favor de la población, valoración de categorías locales ligadas a la producción, el turismo y la sostenibilidad ambiental, condiciones para la planificación, la inversión, la programación de operaciones y el presupuesto. Con excepción de haberse borrado el número 1551 de la Ley, el proceso de la Participación Popular es el que sostiene la gestión pública del Estado boliviano. Para quienes fueron sus detractores, es una paradoja de la historia.
El Censo, con sus datos cuestionados, está obligando a reconocer la realidad de la sociedad boliviana y la necesidad de perfeccionar los instrumentos para administrar su desarrollo. Ya conocemos el camino si la voluntad tiene un compromiso con nuestro futuro.
