Lic. Luis Alberto Alpire / Agrometeorólogo
Cada 22 de abril, desde hace 54 años, conmemoramos el Día Mundial de la Tierra. Sin embargo, esta fecha no sólo marca una celebración, sino que también sirve como un recordatorio doloroso de nuestros fracasos colectivos en la protección de nuestro planeta. En lugar de avanzar hacia prácticas más sostenibles, hemos retrocedido, y los impactos negativos son cada vez más evidentes.
A nivel internacional, observamos cómo las principales potencias contribuyen de manera significativa al daño ambiental. Países como China, con un 26,6% de la responsabilidad; seguido por Estados Unidos con un 13,1%; la Unión Europea, con un 9,2%; India, con un 6,8%; Rusia, con un 4,5%; y Japón, con un 2,8%, representan conjuntamente el 63% del calentamiento global.
Estas naciones dependen mucho de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que generan más del 70 % de las emisiones de gases invernadero, alimentando así el aumento de las temperaturas y los efectos devastadores del cambio climático en nuestro planeta.
Es imperativo que todos los países desarrollados, signatarios del acuerdo de París en 2015, cumplan con sus compromisos para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C (grados centígrados), y se esfuercen por alcanzar el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5°C. Sólo así podremos reducir significativamente los riesgos y efectos catastróficos del cambio climático.
La mirada a Bolivia
En el plano nacional, nos referiremos al departamento de Santa Cruz, que cuenta con una extensión territorial de 37 millones de hectáreas, de las cuales, 16 millones, el 43%, corresponden a áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales. Esta condición prevalece para que disponga de los servicios ambientales como oxígeno, agua, temperatura, humedad, lluvia, etc., para producir más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos, además de generar excedentes para la exportación.
Asimismo, las cinco áreas protegidas con una extensión de 9,52 millones de hectáreas, dependientes del Gobierno nacional y bajo tuición del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que representan el 26% de todo el territorio departamental, no disponen de las condiciones adecuadas, del presupuesto que garantice una buena administración, como también el control y fiscalización de las amplias superficies con guardaparques, incluyendo la logística necesaria (maquinaria y equipos).
Esta situación, ha conllevado a recurrentes pérdidas boscosas de estas áreas, incluso a través de sembradíos de coca que han sido denunciados, con la consecuente disminución de servicios ambientales. no solo para el sector productivo. sino también una merma en la calidad de vida de los bolivianos que vivimos en este departamento.
Así que, amerita que el Gobierno nacional asigne los presupuestos suficientes para contratar guardaparques necesarios con toda la infraestructura de apoyo y la logística adecuada para fiscalizar las cinco áreas protegidas que dependen del poder central en nuestro departamento.
En lo que respecta a las áreas protegidas de jurisdicción departamental y municipal en todo el territorio cruceño que abarca 6,46 Millones de Ha equivalente al 17 % de la superficie de Santa Cruz, se percibe la importancia medioambiental reflejada en estructuras administrativas adecuadas.
