RESOLUCIÓN. La resolución también ordena la elaboración de un plan de conservación de la panthera onca y reforzar la educación ambiental.
La promulgación de una ley para la creación de un fondo nacional de conservación del jaguar, la elaboración de un plan nacional de conservación de esta especie por diez años con participación de los pueblos indígenas, una pausa ecológica en todo el territorio nacional, suspensión inmediata de las autorizaciones de quema emitidas por la ABT, la protección de los defensores ambientales y reforzar la educación ambiental en la currícula escolar, son algunas de las principales resoluciones de un fallo emitido por el Tribunal Agroambiental.
La resolución fue emitida la tarde de este miércoles, en una audiencia pública sin precedentes que se realizó en Sucre y que trató la Acción Ambiental Directa interpuesta para la protección del jaguar (Panthera onca) y su hábitat. La acción inicial la presentó la diputada María René Alvarez, junto a Marcos Uzquiano y Juan Carlos Camacho, posteriormente adhirieron a ella diversas organizaciones ambientalistas bajo la figura de “terceros interesados”.
La resolución del tribunal, que dispone “medidas cautelares en favor del jaguar, panthera onca y su hábitat”, incluyó 12 puntos y fue celebrada y calificada como histórica por organizaciones y defensores ambientales que presentaron sus argumentos en defensa del jaguar y de la naturaleza durante la audiencia que se inició en la mañana. El fallo se conoció pasadas las 14.30.
Resolución
Los integrantes de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, magistrados Richard Méndez, Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez, sustentaron buena parte de sus resoluciones en el Acuerdo de Escazú y también exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre.
Además, establece un plazo de 10 días para que diferentes reparticiones públicas dicten medidas de protección “efectivas y oportunas” para defensores y defensoras ambientales, haciendo hincapié en la protección de siete personas que se hicieron parte en esta causa.
“Hoy es un día histórico en la jurisdicción ambiental. Hemos dado un paso muy importante junto a las autoridades indígenas, a la sociedad civil organizada, los guardaparques y los colectivos defensores de la naturaleza”, expresó la diputada Alvarez a través de sus redes sociales tras conocer la resolución. Precisó que se abre un precedente histórico que podría derivar en la protección de otras especies.
La resolución se produjo luego de que el día anterior, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentará un memorial solicitando la improcedencia de las medidas cautelares preventivas, posición que fue ratificada por el representante de la Vicepresidencia, quie advirtió que la decisión del Tribunal Agroambiental puede tener consecuencias jurídicas.
Las diferentes organizaciones presentaron sus argumentación en el recinto del tribunal y también de manera virtual.
Doce puntos
La parte resolutiva emitida hoy por los magistrados ambientales, tiene 12 puntos, que fueron sustentados en gran medida en el Acuerdo de Escazú. Lo central es la emisión de órdenes para las instancias estatales para tomar medidas y aplicar políticas de protección al jaguar y su hábitat, que incluye la declaración de una pausa ecológica.
También se establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe implementar planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar panthera onca.
Exhorta a la sala plena del TSJ que todo proceso de extradición relativo a delitos que amenacen la biodiversidad y la integridad de especies protegidas vinculadas a la delincuencia organizada transnacional, se inicie y tramite con celeridad y prioridad.
Ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses concluya la actualización de la categoría del jaguar en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia para que lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico. Actualmente la califica como vulnerable.
Este ministerio también debe aplicar “una política de tolerancia cero de tráfico de la vida silvestre” con énfasis en la protección del jaguar. En coordinación con los gobiernos locales, en los próximos seis mesesdebe elaborar y aprobar el plan nacional para la conservación del jaguar con un horizonte de diez años.
Los integrantes de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental condujeron la audiencia que también se transmitió a través de las redes sociales. Captura
Un fondo de conservación
Exhorta a la Asamblea Legislativa aprobar una ley para establecer un fondo de conservación del jaguar (panthera onca), con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación, que incluya aumentar el presupuesto para mejorar habilidades y competencias, así como tecnología para guardaparques y otras entidades defensoras del medio ambiente.
Una de las principales medidas es la aplicación inmediata de la pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, para lo que suspende todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT y prohíbe nuevas.
Además, dispone la pausa ecológica para la actividades antrópicas y extractivistas en las áreas protegidas, con incidencia en las zonas de influencia del jaguar.
En un plazo de 90 días, el Ministerio de Educación debe iniciar un proceso de actualización y refuerzo de los contenidos educativos en materia de conservación de la biodiversidad, cambio climático y contaminación.
Argumentos
Durante la audiencia ambientalistas y representantes de diferentes organizaciones establecieron con claridad los motivos por los cuales se debe proteger al jaguar y su hábitat, tomando en cuenta que se trata de una «especie paragüas», cuya existencia es fundamental para la preservación de diversos ecosistemas, pues se encuentra presente en siete departamentos del país.
WWF Bolivia, Alas Chiquitanas, WCS Bolivia, Senda Verde y Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, además de las gobernaciones de La Paz y Cochabamba y organizaciones indígenas, fueron algunas de las instituciones que participaron en la audiencia.
