FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO. El experto mexicano advierte que comprar créditos no reemplaza los cambios que deben realizar las empresas en sus procesos productivos. La trazabilidad, la seguridad territorial, la participación comunitaria y la rentabilidad son condiciones necesarias para desarrollar proyectos confiables.
Portal Verde
Una empresa no puede comprar créditos de carbono, mantener intacta su forma de producir y presentarse como sostenible. Primero debe medir su huella, reducir las emisiones de sus operaciones y recurrir a la compensación únicamente para aquello que todavía no puede evitar.
Este es el punto de partida que plantea Carlos Sandoval Miranda, ingeniero agrícola mexicano especializado en valoración rural, activos ambientales y proyectos de carbono. “No podemos hablar de mercados de carbono sin determinar primero la huella que estamos generando”, afirmó en entrevista con Portal Verde.
Sandoval forma parte del equipo internacional del Programa Experto en Finanzas Climáticas y Mercados de Carbono, que comenzará el 12 de octubre en modalidad virtual y tendrá 150 horas académicas. La formación abordará mercados voluntarios y regulados, evaluación financiera, adicionalidad, integridad ambiental y social, gestión de riesgos y taxonomías sostenibles.
El especialista explicó que este financiamiento debe integrarse en la estructura productiva de las empresas y movilizar recursos hacia proyectos con resultados verificables, una perspectiva que también orientará el componente práctico del programa.
Reducir antes de compensar
Una vez calculadas sus emisiones, la empresa debe identificar qué puede modificar para reducirlas y utilizar mejor los recursos, incluso si aumenta su producción.
“Lo que ya no pueda reducir internamente es lo que posteriormente puede compensar”, señaló Sandoval. Esa compensación puede realizarse mediante créditos, bonos o certificados generados por otros proyectos, pero después de transformar los procesos propios.
Si el financiamiento climático se maneja como algo externo al negocio, corre el riesgo de convertirse únicamente en una estrategia de comunicación. Las afirmaciones ambientales deben estar respaldadas por mediciones y resultados, no solo por un sello o un discurso.
Después de reducir sus impactos, una empresa urbana puede financiar proyectos en comunidades rurales para compensar sus emisiones residuales y contribuir a la conservación o a una producción sostenible.
Más que carbono
Los créditos de carbono son solo uno de los mecanismos disponibles. También existen instrumentos verdes y créditos de naturaleza positiva que incorporan el agua, el suelo y la biodiversidad.
“Son elementos que permiten tener una visión más integral de lo que sucede en un territorio y de los beneficios que puede producir un proyecto”, explicó.
Un mismo territorio puede generar diferentes beneficios ambientales, pero cada resultado debe estar definido, medido y certificado. “No se trata de asignar valores de manera automática, sino de demostrar qué problema se está resolviendo”, precisó.
Para Sandoval, estas iniciativas requieren equilibrio entre el Estado, las empresas y la sociedad, además de integrar las dimensiones ambiental, social y de gobernanza. El Estado establece las reglas, las empresas movilizan recursos y transforman sus actividades, y las comunidades participan en las decisiones y la ejecución.
Sin trazabilidad no hay confianza
Sandoval explicó que los mercados voluntarios han evolucionado desde iniciativas cercanas a la filantropía hacia modelos de inversión que exigen seguridad jurídica, trazabilidad y resultados comprobables.
En el pasado, la falta de controles permitió que un mismo proyecto o crédito se vendiera más de una vez. La doble contabilización dañó la credibilidad del mercado porque una reducción de emisiones podía ser atribuida a diferentes compradores, precisó.
Por ello, la trazabilidad debe comenzar cuando se firma el acuerdo y continuar hasta el registro y la venta de los créditos. Esto implica conocer dónde está el proyecto, cuáles eran las condiciones iniciales, cuánto generó, quién lo certificó y quién adquirió los créditos.
También exige claridad sobre la tierra. No se puede estructurar un proyecto si existen conflictos de propiedad, superposición de derechos, límites imprecisos o documentación incompleta. Si esa base no está resuelta, surgen riesgos para las comunidades, los inversionistas y las empresas compradoras.
Comunidades y rentabilidad
La participación real de las comunidades es esencial, advierte Sandoval. Los acuerdos deben aprobarse en asambleas, formalizarse por escrito y contar con respaldo jurídico. Además, sus integrantes necesitan conocer cuánto se certificará, cuáles serán los costos, cómo se comercializarán los créditos y qué porcentaje recibirán.
El experto recordó que hace una década existían en México proyectos en los que las comunidades recibían entre el 10% y el 25% de los beneficios. En las iniciativas con las que trabaja recomienda que obtengan el 70% y el desarrollador cubra sus costos con el 30% restante. Aclaró que se trata de una referencia de su modelo, no de una regla general.
Estos mecanismos tampoco deben convertirse en programas asistencialistas ni en pagos por mantener inmóvil un territorio. Tienen que acompañar actividades que reduzcan la contaminación, restauren ecosistemas, fortalezcan las cadenas productivas y generen oportunidades económicas.
“Los créditos de carbono deben ir de la mano con proyectos que reduzcan la contaminación, beneficien la producción y permitan que la actividad productiva obtenga rentabilidad”, sostuvo.
Si solo se afirma que un territorio tiene árboles y que alguien debe pagar por conservarlos, sin compromisos, mediciones o transformaciones, se corre el riesgo de caer en ‘greenwashing’.
Normas y acceso al financiamiento
En México, la taxonomía sostenible inició el camino para establecer criterios para identificar actividades con impactos ambientales y sociales positivos. A ella se sumaron normas de información de sostenibilidad que incorporan estos criterios en los reportes empresariales.
Sandoval explicó que este proceso empieza a vincular el desempeño ambiental con las decisiones financieras. Una empresa que no demuestre cómo gestiona sus riesgos climáticos podría enfrentar mayores dificultades para acceder a recursos o recibir financiamiento en condiciones menos favorables.
En Bolivia, considera que las discusiones normativas pueden abrir espacio para proyectos de carbono y otros mecanismos climáticos. Sin embargo, advirtió que aprobar una norma no garantiza su funcionamiento: “Una cosa es la publicación de la legislación y otra es su aplicación y operatividad”, precisó.
Una oportunidad que requiere tiempo
Bolivia tiene bosques, biodiversidad y territorios con potencial para desarrollar proyectos ambientales, pero requiere profesionales capacitados, reglas claras, seguridad territorial, participación comunitaria y registros transparentes. Sandoval también llamó a evitar expectativas de resultados inmediatos. Preparar proyectos, construir acuerdos, aplicar las normas y generar confianza son procesos que requieren tiempo.
Esta necesidad de pasar de los conceptos a la práctica será uno de los ejes del programa. Los participantes trabajarán con ejercicios y estudios de caso y, al finalizar, deberán estructurar una iniciativa real o hipotética que identifique un problema, plantee una solución e integre criterios financieros, ambientales y sociales.
Más que vender bonos de carbono, concluyó Sandoval, se trata de articular al Estado, las empresas y las comunidades para transformar la producción, proteger los ecosistemas y crear oportunidades económicas sostenibles.
