FINANZAS. La Ley Marco de Financiamiento Climático y Biodiversidad y la Ley de Mercados de Carbono se encuentran en la ALP. También se alista un decreto para aprobar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Expertos reunidos en Santa Cruz pidieron transparencia, trazabilidad, salvaguardas, participación comunitaria y capacidad institucional para convertir los recursos en resultados verificables.
Karina Vargas Alba
Bolivia avanza en la construcción de las normas con las que busca ordenar su acceso al financiamiento climático y de biodiversidad, después de años de mantenerse al margen de varios mecanismos internacionales. No obstante, Sin embargo, la aprobación de las leyes será apenas el primer paso para acceder a recursos, tal como quedó en evidencia durante la primera jornada del XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), en Santa Cruz.
El viceministro de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad, Jorge Ávila, confirmó durante RedLAC que ambas propuestas ya se encuentran en la Asamblea Legislativa. Una de ellas es el Proyecto de Ley 764/2025-2026, denominado Ley Marco de Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de Biodiversidad en Bolivia. La iniciativa fue presentada a la Presidencia de la Cámara de Diputados el 7 de septiembre de 2026 y remitida a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente para su tratamiento e informe. La otra es el Proyecto de Ley 060/2025-2026, Ley de Regulación del Mercado de Créditos y Cuotas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que fue socializado en julio para recoger aportes antes de su tratamiento legislativo.
“Ambas serán aprobadas en los próximos días. Es el compromiso político que se ha asumido entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo”, afirmó Ávila ante representantes de fondos ambientales, organismos de cooperación y entidades financieras de la región. En declaraciones a la prensa, estimó que la aprobación podría producirse en las próximas dos o tres semanas.
Ávila también dijo que el Ejecutivo prepara un decreto supremo para aprobar la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2026-2030, un instrumento considerado clave para definir las prioridades de conservación y orientar los recursos que Bolivia busca movilizar. Según la autoridad, el proyecto se encuentra en la etapa final de revisión, luego de ser aprobado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape). El país no contaba con una estrategia nacional actualizada en esta materia desde 2002.
Una norma paraguas
Ávila explicó que la ley marco funcionará como una norma paraguas para ordenar los componentes institucionales, técnicos y operativos de los diferentes mecanismos de financiamiento climático y de biodiversidad.
A partir de ella podrán desarrollarse instrumentos específicos para los mercados de carbono, la biodiversidad, las energías renovables y el financiamiento combinado.
El viceministro explicó que la propuesta legislativa establece un marco para la regulación, articulación, autorización, registro, trazabilidad y supervisión de estos recursos. También busca ordenar la participación del país en mecanismos internacionales, enfoques cooperativos y mercados de carbono, sin afectar las competencias de los gobiernos autónomos ni de las autonomías indígena originario campesinas.
El proyecto socializado previamente por el Gobierno contempla instrumentos como créditos de carbono y biodiversidad, bonos temáticos soberanos, financiamiento combinado y una Plataforma Nacional de Inversión Climática y Biodiversidad. El desafío será definir cómo se recibirán, autorizarán, canalizarán y fiscalizarán esos recursos.
La Unión Europea, que brindó asistencia técnica para la elaboración de la propuesta, sostuvo durante el encuentro que la norma podría mejorar la gobernanza y facilitar la llegada de financiamiento.
El embajador de la UE en Bolivia, Jaume Segura, remarcó que conservar no solo requiere recursos. “También requiere instituciones sólidas, transparencia, participación, integridad ambiental y salvaguardas sociales”, afirmó durante la inauguración de RedLAC.
Estas condiciones estuvieron presentes en varias intervenciones. Los fondos y organismos internacionales coincidieron en que el capital disponible no llegará automáticamente por la sola existencia de una ley. Los países deben ofrecer reglas previsibles, sistemas transparentes, capacidad de ejecución y mecanismos que permitan comprobar que cada recurso invertido produjo beneficios ambientales y sociales.
Medir, verificar y seguir los recursos
El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), Sergio Eguino, advirtió que los instrumentos vinculados con el carbono requieren procesos técnicos que toman tiempo.
En declaraciones a Portal Verde, expresó que no basta con registrar un proyecto para comenzar a comercializar créditos. Es necesario medir las emisiones o reducciones, certificarlas, verificarlas y establecer su trazabilidad. Ese seguimiento debe permitir conocer el origen y destino de los recursos, las acciones financiadas y los resultados obtenidos.
“Hay un sinnúmero de tiempos y de exigencias”, explicó Eguino. Aunque consideró positivo que Bolivia haya comenzado a construir un marco normativo, recordó que el país acumuló un retraso después de permanecer alejado de los mercados de carbono y otros mecanismos asociados a los servicios ambientales.
La ley marco incorpora precisamente la trazabilidad entre los componentes que deberán ser regulados. Su aplicación, sin embargo, requerirá procedimientos, sistemas de información, capacidades técnicas y entidades que puedan supervisar las operaciones.
También será necesario definir la relación entre el Gobierno central, las entidades territoriales autónomas, los fondos ambientales, el sector privado y los territorios donde se desarrollen los proyectos.
Las comunidades no pueden ser solo beneficiarias
Otro punto reiterado fue la necesidad de precautelar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto significa más que acceder a los beneficios: deben intervenir en las decisiones, contar con información suficiente y participar en el seguimiento de las iniciativas.
“Los pueblos indígenas y las comunidades locales no deben ser solamente beneficiarios, deben ser protagonistas de las decisiones y de la protección de nuestros territorios”, sostuvo el subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Federico Morón, durante la apertura del encuentro.
La fundamentación del proyecto que hoy está en Diputados, menciona la consulta, la cohesión social, la distribución de beneficios y el respeto de las competencias de las autonomías indígena originario campesinas. La manera en que estos principios se traduzcan en procedimientos concretos será uno de los aspectos determinantes de la futura reglamentación.
Las salvaguardas deberán evitar que los proyectos de carbono o biodiversidad afecten derechos colectivos, generen nuevas disputas por la tierra o concentren los beneficios fuera de los territorios que conservan los bosques y otros ecosistemas.
Políticas que no se contradigan
El marco normativo tampoco operará de manera aislada. Para Eguino, Bolivia necesita una política pública clara y consecuente, que no impulse la conservación por un lado y, por otro, permita actividades que contaminan los ríos, degradan los bosques o afectan a las comunidades.
La representante de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Jeannette Sánchez, también advirtió que una sola política económica puede contrarrestar el efecto de los recursos destinados a proteger la naturaleza. Citó como ejemplo los subsidios a actividades contaminantes o perjudiciales para los ecosistemas.
La seguridad jurídica que busca ofrecer Bolivia, por tanto, no se reduce a brindar certidumbre a quienes inviertan. También implica reglas que resguarden los derechos de las comunidades, aseguren la integridad ambiental y eviten que los resultados de conservación sean anulados por otras decisiones del Estado.
Una trayectoria pionera que perdió continuidad
Bolivia no parte de cero en la búsqueda de recursos para conservar su patrimonio natural. El Parque Nacional Sajama, creado mediante decreto supremo el 2 de agosto de 1939 para proteger los bosques de queñua, fue la primera área protegida del país.
Casi cinco décadas después, el país volvió a marcar un precedente. En 1987 se concretó en torno a la Estación Biológica del Beni el primer canje de deuda por naturaleza del mundo. El mecanismo permitió convertir parte de la deuda externa boliviana en recursos destinados a la conservación y abrió un camino que luego fue replicado por otros países.
Durante la inauguración de RedLAC, la representante de la Fundación Moore, Avecita Chicchón, recordó ambos antecedentes y destacó que parte del conocimiento sobre los actuales mecanismos de financiamiento ambiental comenzó a construirse en Bolivia.
Eguino también reivindicó esos antecedentes. Recordó que el país desarrolló experiencias de conservación incluso antes de la Ley del Medio Ambiente de 1992 y fue estudiado internacionalmente por sus normas, fondos y canjes de deuda por naturaleza.
“El caso boliviano se daba como ejemplo”, señaló. El problema, añadió, fue la falta de continuidad: los cambios de orientación política llevaron en varias ocasiones a comenzar nuevamente procesos que ya habían avanzado.
Ese recorrido refuerza una de las conclusiones del congreso: el desafío no consiste únicamente en recuperar mecanismos de financiamiento, sino en construir instituciones y políticas capaces de sostenerlos durante décadas.
El PFP, una prueba inmediata
Durante el primer panel de RedLAC, representantes de fondos internacionales señalaron como esencial que Bolivia concluya el financiamiento para la permanencia (PFP, por su sigla en inglés), diseñado para asegurar recursos y compromisos de largo plazo destinados a sus áreas protegidas.
Este modelo busca reunir desde el inicio los recursos financieros, los compromisos institucionales y las condiciones necesarias para conservar determinados territorios durante el largo plazo. La propuesta boliviana abarcaría las 24 áreas protegidas nacionales y cuatro áreas protegidas de la autonomía indígena de Charagua Iyambae.
“Cerremos el PFP. Estamos muy cerca, tenemos tanto avanzado”, fue uno de los mensajes dirigidos a las autoridades bolivianas durante el primer panel del congreso.
Ávila aseguró que el Gobierno dio luz verde para viabilizar este mecanismo, pero reconoció que antes se debe recuperar la confianza y fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El congreso, que concluirá este jueves, está demostrando que Bolivia conserva ventajas importantes: biodiversidad, bosques, áreas protegidas y experiencia acumulada en fondos ambientales y canjes de deuda por naturaleza. Pero también está poniendo foco en las condiciones que deberá cumplir para convertir ese patrimonio en proyectos financiables y sostenibles.
Las normas pueden abrir esa puerta. Atravesarla dependerá de su contenido final, su reglamentación y la capacidad del Estado para garantizar transparencia, trazabilidad, participación comunitaria y continuidad más allá de los cambios políticos.
