RESIDUOS. La experiencia chilena señala cuatro prioridades para Bolivia al aplicar la Ley 755: sumar a más hogares a la separación de residuos, coordinar el trabajo de productores, municipios y recicladores de base, garantizar la trazabilidad de los materiales y abrir mercados para lo que se recupera.
Karina Vargas Alba / Santiago
En Maipú, un municipio chileno de unas 167.000 viviendas, la recolección selectiva de materiales reciclables se extendió a todo su territorio. Esta comuna, al igual que otras 35 de la zona sur del Gran Santiago, forma parte activa de las acciones para aplica la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que Chile aprobó en 2016 y que desde 2023 impone metas para determinados productos, obligaciones, seguimiento y también sanciones por incumplimiento.
Maipú hoy recupera cerca de 300 toneladas de envases y embalajes al mes, uno de los grupos priorizados por la norma chilena y que cuenta con una gestión integrada, donde los productores son actores centrales como financiadores y como los que, finalmente, registran el material recuperado, demostrando si las metas se alcanzaron o no.
Los diez años de la experiencia chilena, sus avances, lecciones aprendidas y las necesidades de mejora, fueron el centro del Foro REP 2026, organizado por País Circular, un medio de comunicación referente en economía circular. El encuentro, que se realiza desde hace cuatro años, reunió a representantes de los productores, comercializadores, distribuidores, consumidores industriales, municipios y recolectores de base, que -en gran medida- dependen del principal protagonista del proceso: el ciudadano.
No basta una ley
Mientras Bolivia tiene pendiente la definición de sus metas y la implementación de las cadenas de gestión, la experiencia chilena demuestra que no basta con generar capacidad de procesamiento, trazabilidad o nuevos productos para su reinserción en la cadena productiva, sino se contempla el impacto de la recolección informal o la falta de mercado para los derivados del reciclaje.
Desde Valparaíso, Alejandro Keller, gerente de Tratamiento y Energía de EBI Circular, una gestora de residuos, demostró con cifras que las metas no son fáciles de alcanzar. Al inicio de sus operaciones, estimaban un potencial de 25 toneladas diarias, pero sólo alcanzan tres, lo que también permite poner foco en cuánto material se retira de las viviendas y cuánto realmente termina llegando a una planta de procesamiento.
Entre ambos puntos está uno de los problemas que los gestores plantearon en el foro. En Chile, las largas distancias encarecen el traslado cuando el volumen recolectado es bajo y las plantas se concentran lejos del lugar donde se generan los residuos. Alberto Tagle, del Consorcio Santa Marta, puso como ejemplo los fardos enviados desde Antofagasta a Santiago que contienen material que es rechazado al llegar. Separar y clasificar mejor en origen también evita pagar por transportar el material que será descartado.
El foro mostró cómo el financiamiento de los productores ha permitido ampliar los servicios y dónde aparecen los límites de esa expansión. ReSimple, una de las gestoras, reportó que las toneladas de envases y embalajes domiciliarios que valorizó pasaron de 37.980 en 2024 a 67.587 en 2025. No obstante, en 2024 quedaron metas domiciliarias sin cumplir, lo que puede ser motivo de sanción.
La dificultad para cumplir las metas aparece cuando el servicio se amplía, pero el material que llega a las plantas sigue siendo insuficiente. Tener una ruta disponible no garantiza que los hogares la usen con regularidad ni que entreguen los residuos bien separados. Si el volumen es bajo o parte de la carga debe descartarse, trasladarla cientos de kilómetros encarece la operación. Y aunque haya capacidad para procesarla, la recuperación puede estancarse si, posteriormente, la industria no compra el material obtenido o si éste no cumple las condiciones que exige.
Hoy Chile recupera el 12% de los envases y embalajes reciclables, lo que refleja el largo camino que aún tiene por recorrer. Para avanzar, los municipios necesitan sostener las rutas y fortalecer la educación en los hogares, con participación de los recicladores de base. Los gestores necesitan contratos que permitan financiar la clasificación y el tratamiento, incluso cuándo los volúmenes no sean constantes o no alcancen las metas operativas. Y los sistemas de gestión necesitan conocer qué materiales tienen compradores y acreditar su destino.
El objetivo es que una mayor cobertura se traduzca en más toneladas valorizadas y en avances frente a las metas, que hoy están vigentes en neumáticos, envases y embalajes, pero que a partir de mayo de 2028 también incluirán las pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, mientras que se debe fijar la fecha de inicio de lubricantes usados, baterías y textiles.
Sostener el servicio puerta a puerta
Para Maipú, el trabajo después de extender las rutas pasa por asegurar que el camión llegue cuando corresponde, resolver interrupciones e integrar de forma sostenida a los recicladores de base. Paloma Valenzuela, directora de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de la comuna, planteó que el municipio debe participar en las decisiones sobre el servicio y propuso evaluar, además de las toneladas, cuántos hogares participan, en qué condiciones entregan el material y qué ahorro obtiene la comuna en la recolección.
La educación funciona mejor cuando el servicio permite aplicar lo aprendido. Maximiliano Frei, del Pacto Chileno de los Plásticos, presentó experiencias que combinan ambos frentes. En San Antonio se trabajó con un modelo de recolección que incorpora a recicladores de base y en Concón se ensayaron estrategias de cambio de comportamiento. La apuesta es una: facilitar acciones cotidianas como identificar qué se puede entregar, preparar el material y encontrar un punto cercano para devolver o recargar un envase, porque no todo es reciclar, también es preciso reducir la generación de residuos y reutilizar.
La coordinación entre municipios ayuda a reunir volumen. MSUR -que reúne a 36 municipios- ha logrado consolidar la recolección puerta a puerta en un millón de viviendas. En este proceso han sido esenciales los convenios con recicladores de base y recepción directa de materiales en la planta que atiende a todos sus asociados. Desde la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, Soledad Mella planteó que los contratos deben remunerar el servicio de recuperación además del valor del material. La venta del reciclable es solo una de las fuentes de ingreso de una operación que también requiere personal, rutas y equipos.
El financiamiento de la infraestructura plantea una pregunta similar. Isidro Pereda, de Reciclamás, planteó que las licitaciones de la REP deberían distinguir los costos fijos de la inversión de los costos variables de la operación. Explicó que, en comunas sin datos previos de reciclaje, un gestor puede tener que invertir en camiones antes de saber cuánto material recogerá. Si el volumen resulta menor al esperado, cubrir la inversión con lo que se cobra por tonelada puede encarecer el servicio.
Cada material tiene su propia ruta
En los neumáticos, el problema no es el acopio sino la falta de mercado para los productos que resultan de su procesamiento. Si el granulado y otros materiales procesados se acumulan, una planta puede terminar frenando la recepción.
En Chile, el recauchutaje busca ser una alternativa para prolongar la vida de las llantas, pero desde 2012 hasta 2025, hubo una caída de 39 a 10 neumáticos recauchutados por cada 100 nuevos. La caída preocupa porque una mayor participación de llantas nuevas, significa que también se está perdiendo ese espacio para evitar residuos.
En el acero, AZA mostró cómo la demanda industrial sostiene una red de acopio y transporte. La empresa recicla más de 600.000 toneladas anuales de chatarra de distinta procedencia. El aluminio también tiene valor comercial y existe un margen para aumentar la recuperación. La hoja de ruta presentada en el foro estimó que en 2025 se recicló el 36 % de las latas post consumo y el objetivo es llegar al 50 % en 2030, para lo cual se evalúa ampliar la recuperación en comercios y habilitar puntos asistidos para grandes generadores.
En las botellas PET, el desafío es abastecer a los compradores con material de la calidad que requieren. Chile también cuenta con una Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU), la que hoy tiene el desafío de conciliarse con la REP, mientras en la práctica no todo el material que llega a las plantas de reciclaje puede registrarse porque no cumple con los criterios de trazabilidad.
La ley exige que los productores, como las empresas de bebidas, puedan respaldar todo el proceso de recuperación. Sin embargo, nuevamente la informalidad de los recolectores e intermediarios, los afecta.
Para los residuos eléctricos y electrónicos, se acaba de constituir el sistema de gestión con la participación de 22 empresas y que arranca con cuatro desafíos: acercar la recepción a las personas, operar a costos viables en un país extenso, contar con gestores capaces de tratar los equipos y documentar su destino. Para ello, están desarrollando pilotos con puntos verdes y acciones conjuntas con los municipios.
Medir lo que se evita y seguir lo que se recupera
Las empresas que incorporaron la REP también hicieron cambios desde su etapa de diseño. Por ejemplo, en Coca-Cola cambiaron el color de sus botellas, proceso que han replicado en la región; otras, iniciaron un proceso de rediseño de sus envases. Cambiaso Hermanos produce Té Supremo, una marca de más de 100 años, y decidió identificar qué componentes podía reducir, eliminar o sustituir. La empresa reportó que, al retirar la película de polipropileno de las cajas de té, dejó de poner en el mercado 798 toneladas de ese material entre 2018 y 2026. Agrosuper, una industria cárnica, redujo 3.400 toneladas de residuos entre 2023 y 2025 y mostró cambios como la eliminación de absorbentes y ajustes en cajas y películas de embalaje.
Más allá de las acciones ejecutadas, el material que sí entra al circuito es sometido a fiscalización desde la recolección hasta su destino, identificando lo que se recoge, se valoriza y acredita para cumplir las metas.
Para 2035, Bolivia se ha propuesto valorizar al menos el 25 % de los residuos sólidos municipales que genere. La meta figura en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), el compromiso climático que el país presentó ante las Naciones Unidas, y comprende el reciclaje, compostaje, coprocesamiento y aprovechamiento energético. La responsabilidad extendida del productor puede contribuir a esa meta al organizar y financiar la recuperación de los productos que abarca la Ley 755.
La experiencia chilena permite distinguir dos elementos claves para el trabajo que el país tiene pendiente. La primera empieza antes de que el producto llegue al mercado, al definir cómo usar menos material y qué productos o envases pueden volver a usarse. La segunda, cuando termina la vida útil de un producto; en esa etapa hay que definir quién financia la recuperación, cómo participan los municipios y los recicladores de base y dónde se aprovecha lo que se recoge.
Solo así podrá medirse el impacto ambiental y económico en ambos extremos de la cadena, desde el material que se dejó de usar al rediseñar un envase hasta el que, una vez recuperado, volvió a la producción.
