TECNOLOGÍA. El proyecto, que cuenta con financiamiento del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, generará datos continuos y públicos sobre PM2,5 y aportará una base científica para incorporar estas partículas en la regulación nacional de calidad del aire.
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) instalará una red de monitoreo de partículas finas PM2,5 en La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba, Potosí y Sucre. El proyecto permitirá generar información continua y de acceso público sobre este contaminante, asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y aportar evidencia científica para avanzar en su regulación en Bolivia.
La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Fondo de Calidad del Aire del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (EPIC), será ejecutada durante 18 meses por el Laboratorio de Referencia de Calidad del Aire (LRCA), dependiente del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos (IIDEPROQ) de la Facultad de Ingeniería de la universidad paceña. El proyecto forma parte de 39 iniciativas de 34 países seleccionadas por el fondo, de un total de 400 postulaciones de 83 países.
La materia particulada (PM, por sus siglas en inglés) es una mezcla de partículas suspendidas en el aire. Las PM2,5 tienen un diámetro menor a 2,5 micrómetros, aproximadamente 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Pueden provenir del humo de incendios y quemas, de las emisiones de vehículos y de procesos industriales. Por su pequeño tamaño, pueden llegar hasta las zonas más profundas de los pulmones y representar riesgos para la salud.
Los incendios evidenciaron la fragilidad
Marcelo Gorritty, responsable del LRCA y líder del proyecto, recordó que los incendios forestales de 2024, cuando regiones como Santa Cruz mostraron altos niveles de contaminación, evidenciaron la necesidad de contar con datos consolidados y continuos sobre estas partículas. Durante semanas, el humo cubrió importantes ciudades del país sin que existiera información suficiente para cuantificar la exposición de sus habitantes.
“No se disponía de datos consolidados y continuos de PM2.5 para cuantificar esa exposición real pese a los riesgos”, señaló Gorrity.
Según el investigador, la iniciativa permitirá generar el primer conjunto de datos continuo, multiciudad y de acceso abierto sobre PM2,5 en Bolivia. La ficha oficial del proyecto publicada por EPIC confirma que la red compartirá las mediciones en tiempo casi real.
La información será centralizada por el LRCA y compartida de manera abierta, en coordinación con el Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire. Su disponibilidad permitirá a la población conocer las concentraciones de estas partículas y proporcionará evidencia para las decisiones de las instituciones públicas.
Una base científica para la regulación
Además de instalar equipos y publicar datos, el proyecto busca contribuir a la incorporación de PM2,5 en la normativa nacional de calidad del aire, explicó la UMSA a través de una nota de prensa. Para ello, el equipo universitario prevé trabajar con instituciones públicas vinculadas a la salud y al medioambiente. Desde la universidad explicaron que Bolivia no cuenta con un monitoreo sistemático y continuo de PM2,5 a escala nacional ni con límites específicos para estas partículas en su normativa ambiental. Por ello, uno de los objetivos del proyecto es avanzar hacia un estándar nacional a partir de la evidencia que genere la red.
Este propósito responde al enfoque del fondo: apoyar proyectos que utilicen datos abiertos para impulsar cambios en las políticas de calidad del aire, fortalecer estándares y movilizar inversión frente a la contaminación. Las iniciativas deben generar y compartir mediciones durante al menos 12 meses dentro de un periodo de ejecución de 18 meses.
El LRCA cuenta con más de una década de trabajo en investigación, control de calidad del aire y formación especializada. El financiamiento permitirá ampliar ese aporte y poner información confiable al servicio de la población. El desafío será sostener las mediciones y convertir esa evidencia en una base para avanzar en la regulación de las partículas finas y la protección de la salud pública.
