TRANSICIÓN. La propuesta brasileña plantea caminos adaptados a cada país y prioridades hasta 2033. En la cumbre climática, la electrificación, las redes insuficientes y el alto costo del financiamiento muestran los desafíos para convertir ese compromiso en cambios concretos.
Dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón exige resolver cómo sustituirlos, financiar las alternativas y acompañar a las economías que dependen de ellos. Esas preguntas atraviesan el debate energético de la COP31 en Antalya, donde Brasil presentó una hoja de ruta para llevar a la práctica el compromiso de abandonar progresivamente los combustibles fósiles, acordado en Dubái en 2023.
La propuesta brasileña llega mientras la cumbre discute cómo ampliar el uso de electricidad en el transporte, los hogares y la industria. Turquía impulsa una iniciativa para elevar su participación en el consumo energético mundial al 35 % en 2035, pero el cambio enfrenta obstáculos: proyectos que esperan conexión a las redes eléctricas y países donde las altas tasas de interés dificultan financiar nuevas instalaciones.
La hoja de ruta busca orientar esa transformación desde las distintas realidades nacionales. Para los productores de petróleo y gas, el desafío incluye preparar sus ingresos públicos, sus industrias y sus empleos para una menor dependencia de esos recursos. Para los importadores, supone desarrollar alternativas que reduzcan su exposición a los precios internacionales. En ambos casos, la inversión y la infraestructura serán decisivas.
El documento, elaborado por la Presidencia brasileña de la COP30 y difundido inicialmente el 3 de noviembre, fue presentado el 10 de noviembre en Antalya. Es una contribución voluntaria para orientar la aplicación de compromisos existentes y no crea nuevas obligaciones internacionales.
La dependencia también tiene un costo
«Hace mucho tiempo que deberíamos haber dejado de tratar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles como un tabú o un problema irresoluble», declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante el lanzamiento.
Su advertencia vinculó la urgencia climática con la seguridad energética y el costo de mantener esa dependencia. Según señaló, desde el inicio de la actual escalada en Oriente Medio, la Unión Europea ha pagado más de 100.000 millones de euros en costos adicionales de importación de combustibles fósiles, mientras los precios de la gasolina y el diésel se han disparado en 130 países.
«Cambiar de proveedor no eliminará esta exposición. Una interrupción en cualquier lugar hace subir los precios en todas partes», sostuvo.
La propuesta de Brasil aborda precisamente la necesidad de coordinar la reducción del consumo y la producción de combustibles fósiles con la expansión de alternativas. Una caída de la oferta más rápida que la demanda puede provocar escasez y volatilidad de precios; mantener una producción por encima de las necesidades futuras puede dejar inversiones subutilizadas y prolongar la dependencia.
Tres dimensiones para definir por dónde empezar
La hoja de ruta propone evaluar la preparación de los países mediante el denominado enfoque de Belém, que examina tres dimensiones complementarias: la demanda de energía, su oferta y el conjunto de la economía.
La primera analiza el consumo en transporte, industria y edificios. La segunda examina cómo ajustar la producción de combustibles fósiles mientras crecen las alternativas de bajas emisiones. La tercera aborda la dependencia fiscal, las inversiones, el costo del capital y las señales de precios. Los indicadores permiten identificar dónde se concentra la vulnerabilidad y qué capacidades pueden facilitar el cambio.
El punto de partida varía. Una economía que depende de los ingresos petroleros enfrenta desafíos distintos de los de un país que destina recursos crecientes a importar combustibles. También difieren las posibilidades de aquellos que ya cuentan con infraestructura e industrias para ampliar la energía limpia y las de quienes todavía deben garantizar servicios básicos.
«Empiecen ahora desde donde estén. Empiecen ahora. No esperen», instó Ana Toni, directora ejecutiva de la Presidencia brasileña de la COP30.
Prioridades hasta 2033
Para organizar los esfuerzos, la hoja de ruta brasileña propone una agenda colectiva, denominada Mutirão TAFF, con tres fases:
- Hasta 2028: fortalecer la planificación y la coordinación institucional, reformar los incentivos a los combustibles fósiles con protección para los consumidores vulnerables y reducir las emisiones de metano y la quema rutinaria de gas.
- Entre 2029 y 2030: acelerar la electrificación, la energía de bajas emisiones y la eficiencia, junto con las redes, el almacenamiento y las interconexiones que permitan sustituir los combustibles fósiles de forma fiable.
- Entre 2031 y 2033: ampliar el ajuste y la diversificación de la oferta, en coordinación con la reducción de la demanda, y extender tecnologías que todavía están creciendo a escala comercial.
Estas fases señalan prioridades para concentrar esfuerzos internacionales. Las acciones pueden avanzar en paralelo y cada país puede adaptar el orden y el ritmo a sus circunstancias. En Antalya, Guterres pidió que los gobiernos elaboren planes nacionales con plazos claros, necesidades de financiamiento y avances medibles para 2028.
Más electricidad en el transporte, los hogares y las fábricas
Uno de los caminos para reducir el consumo de combustibles fósiles es la electrificación. El anfitrión de la COP31, Turquía, impulsa el Compromiso Global de Electrificación 35-35, que busca elevar la participación de la electricidad en el consumo energético mundial desde algo más del 20 % actual hasta el 35 % en 2035.
La iniciativa apunta a cambios concretos: más autobuses eléctricos, hogares que puedan calentarse sin gas e industrias que sustituyan procesos alimentados por combustibles fósiles. Para que aporte todos sus beneficios climáticos, esa electricidad debe proceder cada vez más de fuentes limpias.
Ese objetivo conecta con la propuesta brasileña: reducir la demanda de petróleo, gas y carbón requiere que las alternativas estén disponibles y puedan abastecer de manera fiable a quienes las necesitan. Pero ampliar la generación es apenas una parte del trabajo. La electricidad también debe poder llegar a su destino.
La energía que espera una conexión
Alrededor de 2.500 gigavatios de generación eléctrica y otros proyectos energéticos están a la espera de conexión a la red en el mundo, explicó a Noticias ONU Dario Liguti, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
Algunas instalaciones no logran conectarse y otras deben reducir su producción porque las redes no pueden absorber toda la electricidad disponible. La falta de líneas, cables y subestaciones puede frenar incluso proyectos que ya cuentan con tecnología para generar energía.
Liguti planteó dos tareas: ampliar las redes y mejorar su calidad. Esto requiere millones de kilómetros de nuevas líneas de transmisión y modernizar la infraestructura existente.
Las fuentes renovables ofrecen una ventaja para la seguridad energética porque aprovechan recursos locales y reducen la necesidad de importar petróleo o gas, explicó. Además, los proyectos solares y eólicos pueden construirse con relativa rapidez. Su utilidad, sin embargo, depende de que la electricidad pueda llegar a hogares, empresas e industrias.
La ONU también busca atender este obstáculo mediante su Acelerador Global de Redes, orientado a desbloquear inversiones y acelerar la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica.
Tecnología más barata, crédito todavía caro
La reducción del costo de la energía solar y eólica tampoco ha eliminado las barreras financieras. En muchos países en desarrollo, las tasas de interés elevadas dificultan cubrir la inversión inicial, incluso cuando la tecnología resulta competitiva.
Olli-Pekka Kuusela, investigador del Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, señaló a Noticias ONU que el acceso a capital a un costo razonable es decisivo. Los bancos de desarrollo pueden contribuir mediante préstamos con intereses más bajos.
La oportunidad también incluye ampliar el acceso a la electricidad. En el África subsahariana, donde más de 500 millones de personas siguen sin este servicio, disponer de energía fiable puede impulsar industrias, mejorar servicios y facilitar el transporte público eléctrico.
A ello se suma la necesidad de preparar los sistemas energéticos para los impactos del cambio climático. En Zambia, donde Kuusela ha investigado, una grave sequía redujo la generación hidroeléctrica y provocó apagones y racionamiento. Ampliar la energía solar y reforzar las conexiones con países vecinos podría ayudar a evitar interrupciones similares.
La hoja de ruta brasileña y las discusiones de Antalya convergen así en una tarea: convertir el compromiso de dejar los combustibles fósiles en decisiones sobre infraestructura, financiamiento y desarrollo. La posibilidad de avanzar dependerá de que los países puedan ampliar las alternativas energéticas mientras preparan a sus economías, trabajadores y comunidades para el cambio.
Fuente: Laura Quiñones/Noticias ONU y Presidencia brasileña de la COP30.
