NORMATIVA. ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará una nueva ronda de validación y consultas con actores del ecosistema. Busca impulsar la formalización, financiamiento, compras públicas y el acompañamiento a mujeres emprendedoras.
Karina Vargas Alba
La propuesta de Ley Marco de Emprendimientos Emergentes ingresó a la Cámara de Diputados y avanza una segunda etapa de validación con actores del ecosistema emprendedor boliviano. La iniciativa, una de las diez que está en la lista de leyes prioritarias del Gobierno, plantea desde un régimen tributario diferenciado hasta fondos de financiamiento y mecanismos de apoyo para mujeres emprendedoras.
Si avanza, en el corto plazo Bolivia podría contar por primera vez con una ley marco específica para el sector emprendedor. El proyecto se encuentra en revisión en el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja. La diputada Andrea Ballivián es la proyectista y explicó que la norma incluiría la creación de un consejo multisectorial y de una agencia pública para coordinar políticas de fomento, un registro nacional de emprendedores emergentes, un régimen tributario transitorio y mecanismos de financiamiento accesibles a través de fondos y fideicomisos articulados con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
La iniciativa también busca responder a las necesidades propias de los emprendimientos de base tecnológica y de los tradicionales. La parlamentaria lideró el trabajo inicial de consulta a los diferentes actores del ecosistema, que se tradujo en encuentros en diferentes regiones, incluyendo la presentación oficial del proyecto de ley.
La legisladora aseguró que el texto se construyó a partir de un amplio proceso participativo que incluyó reuniones con ecosistemas emprendedores de base tecnológica y no tecnológica, talleres departamentales, mesas técnicas y consultas con especialistas, universidades, instituciones financieras y entidades públicas. Según Ballivián, participaron alrededor de mil emprendedores en diferentes espacios de trabajo y validación.
El detalle de la iniciativa legal
Entre sus principales ejes están la creación de un consejo multisectorial y una agencia pública para coordinar políticas de fomento, un registro nacional de emprendedores emergentes, un régimen tributario transitorio del 5% para facilitar la formalización y mecanismos de financiamiento a través de fondos y fideicomisos articulados con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
La norma también incorpora compras públicas con condiciones diferenciadas para emprendedores, reducción de tiempos y costos en las certificaciones, el reconocimiento de la economía del cuidado -considerando que gran parte del sector está conformado por mujeres- y el fortalecimiento de incubadoras, universidades y aceleradoras como actores clave del ecosistema. Además, la propuesta define distintas etapas del emprendimiento para adaptar el acompañamiento al grado de desarrollo de cada negocio
El proceso de socialización y consultas en distintos departamentos del país continuará la próxima semana en Santa Cruz. Ballivián explicó que la idea es volver a dialogar con actores del ecosistema emprendedor para validar el contenido de la propuesta, incorporar observaciones y fortalecer algunos componentes antes de su tratamiento legislativo final.
“Estamos buscando la validación de lo que ya hemos construido con ellos”, explicó Ballivián durante una entrevista sobre el proceso de construcción de la norma.
Dos ecosistemas, necesidades distintas
Uno de los principales hallazgos del proceso de consulta fue la necesidad de diferenciar el tratamiento entre los emprendimientos de base tecnológica y aquellos de base no tecnológica o tradicional.
Ballivián explicó que los emprendimientos tecnológicos tienen una escalabilidad más rápida y demandan principalmente financiamiento para investigación, desarrollo de software, hardware y procesos de innovación. En cambio, los emprendimientos no tecnológicos requieren acompañamiento en aspectos como formación, segmentación de mercado, desarrollo de marca y construcción de prototipos.
El un consejo multisectorial que contempla el proyecto, será el encargado de definir políticas nacionales para el emprendimiento, mientras que la agencia pública será la que operativice esas políticas y articule acciones con los gobiernos subnacionales.
La norma también propone la creación de un Registro del Emprendedor Emergente, concebido como una especie de “censo” del sector, que permita conocer cuántos emprendedores existen, en qué áreas trabajan y dónde se concentran. Según la diputada, esa información será clave para diseñar políticas públicas, identificar sectores estratégicos y orientar inversiones y programas de apoyo.
Otro de los ejes es la definición de tres etapas del emprendimiento emergente, estableciendo diferencias desde quienes tienen una idea de negocio hasta quienes ya cuentan con un emprendimiento funcionando, aunque todavía no facturen.
Régimen tributario y formalización
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la propuesta de un régimen tributario especial para los emprendedores emergentes. Ballivián sostuvo que actualmente un emprendedor que busca formalizarse puede enfrentar una carga tributaria cercana al 38%, considerando IVA e IUE.
Por ello, la propuesta plantea un régimen transitorio del 5%, distribuido en 2% para coparticipación, 2% para jubilación y 1% para salud. La intención, explicó, es facilitar la transición desde la informalidad hacia la formalización y generar condiciones más accesibles para quienes recién comienzan a desarrollar un emprendimiento formal.
“Nunca se ha hecho un régimen tributario de transición para apoyarlos”, afirmó.
Aunque la propuesta ya define la estructura general del tributo, Ballivián señaló que se trata de una “ley marco”, por lo que posteriormente deberán desarrollarse reglamentos y mecanismos operativos específicos para definir éste y otros puntos.
La legisladora explicó que uno de los objetivos centrales es reducir las barreras que hoy empujan a muchos emprendimientos hacia la informalidad. En ese sentido, sostuvo que actualmente el proceso de formalización implica recorrer múltiples instituciones, realizar trámites fragmentados y asumir costos elevados desde etapas muy tempranas del negocio. La propuesta busca simplificar ese tránsito y crear condiciones graduales para que los emprendedores puedan consolidarse antes de incorporarse plenamente al régimen formal empresarial.
La ley también incluye medidas vinculadas al acceso a financiamiento mediante un fondo de fomento articulado con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), mejoras en las condiciones para que los emprendedores participen en compras públicas y una reducción de tiempos y costos en algunos trámites y certificaciones.
Economía del cuidado y acompañamiento
Otro de los componentes destacados del proyecto de ley, es el reconocimiento de la economía del cuidado. Según Ballivián, el 55% de los emprendedores en Bolivia son mujeres y muchas desarrollan sus negocios mientras asumen tareas de cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
Por ello, la propuesta busca incorporar mecanismos de apoyo y capacitación adaptados a esa realidad, reconociendo que las condiciones para emprender no son las mismas para hombres y mujeres.
A lo largo del proceso de socialización, la diputada identificó una percepción común entre emprendedores de distintas regiones y sectores: la sensación de emprender solos.
“No hay emprendedor que yo haya escuchado en esta visita en el país que me haya dicho que se siente acompañado”, afirmó Ballivián.
También observó una fuerte fragmentación institucional. Según explicó, una persona que quiere formalizar un emprendimiento debe recorrer múltiples instituciones para obtener registros, certificaciones y autorizaciones.
En paralelo, señaló que los emprendimientos de base tecnológica -especialmente concentrados en ciudades como Santa Cruz y Cochabamba- reciben cierto apoyo privado, pero carecen de acompañamiento público sostenido.
Segunda ronda de consultas
La nueva etapa de socialización está en marcha y se prolongará hasta principios de junio. La diputada adelantó que pondrá especial énfasis en escuchar nuevamente a emprendimientos de base tecnológica y fortalecer el componente económico de la propuesta, particularmente en lo relacionado con el fondo de fomento.
Ballivián insistió en que se trata de una “ley marco”, comparable a una estructura general sobre la cual posteriormente deberán construirse reglamentos y mecanismos operativos específicos. Por ello, pidió que los actores del ecosistema participen activamente en las convocatorias y espacios de consulta.
“La construcción de una ley es de ambos lados. La legisladora propone la idea, pero si la sociedad no participa, después no puede reclamar que no se socializó”, finalizó.
