Mauricio Aniceto Orgas Maldonado
Epidemiólogo y salubrista | Universidad de Antioquia, Colombia
Miembro de la Sociedad Boliviana de Salud Pública
Entre las décadas de 1930 y 1960, la ciudad japonesa de Minamata fue escenario de uno de los episodios más devastadores de contaminación ambiental y sus consecuencias para la salud pública. La empresa Chisso Corporation, que producía acetaldehído en su planta industrial de Minamata mediante un proceso que utilizaba compuestos de mercurio, vertió durante décadas residuos industriales en la bahía. El mercurio liberado al ambiente terminó transformándose en metilmercurio y acumulándose en los peces y mariscos que constituían una fuente importante de alimentación para la población. En 1956 comenzaron a reconocerse los primeros casos de una enfermedad neurológica hasta entonces desconocida, posteriormente asociada al consumo de alimentos contaminados. Finalmente, en 1968, el Gobierno japonés reconoció oficialmente que la enfermedad de Minamata era consecuencia de la intoxicación por metilmercurio derivada de la actividad industrial de Chisso.
Décadas después a miles y miles de kilómetros, al otro lado del continente, Bolivia esta pasando por una situación que como población -de a pie, académicos, profesionales y tomadores de decisiones- debería preocuparnos y estar en el centro de nuestra atención. En la riqueza que nos caracteriza como país, que es la Amazonía boliviana, particularmente en las cuencas del Rio Beni y Madre de Dios, la actividad de la minería aurífera y por ende el uso del mercurio, día a día se expande como si se tratase de una enfermedad infecciosa o un virus, que ha generado un problema que ya no solo atañe a lo ambiental, sino a la SALUD COLECTIVA de los pueblos.
El famoso mercurio ha llegado a los ecosistemas acuáticos, se ha perpetuado en los cuerpos de los peces y a través de estos, por su consumo frecuente, ha alcanzado a comunidades indígenas y ribereñas cuya vida depende de un bien innegociable y tangible, los ríos. Estudios realizados por la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA han documentado exposición humana al mercurio y han puesto en evidencia una amenaza que trasciende a quienes participan directamente en la actividad minera.
Este no es pues un problema simplemente para ser abordado desde el modelo medico hegemónico asistencialista, que por cierto, las acciones del Ministerio de Salud y Deportes respecto a esta problemática se limitan exclusivamente a resguardar lo físico, lo toxicológico, etc. y no es que este mal, simplemente que el problema es mucho mas profundo que solo tratar el cuerpo de las personas afectadas individualizando la salud de los pueblos con esa praxis invisibilizadora del modelo biologicista – preventivista aunada con la excesiva medicalización del ser humano porque detrás de cada río contaminado y de cada pez que acumula mercurio existen condiciones sociales, económicas y políticas que determinan quién se beneficia de la actividad minera y quién termina asumiendo sus consecuencias.
Desde la determinación social de la salud, la exposición al mercurio no es simplemente el resultado de una decisión individual: está condicionada por el territorio donde las personas nacen y viven, por sus posibilidades económicas, por sus medios de subsistencia, por el acceso a servicios de salud y por las relaciones de poder que determinan el uso y control de los recursos naturales.
Considerando lo anterior mencionado. este es el escenario perfecto para la aparición de una profunda dimensión de justicia social. Las comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía pueden estar expuestas a un contaminante que no necesariamente producen, pero cuyos efectos llegan a ellas a través de los ríos, los peces y los alimentos que forman parte de su vida cotidiana. Mientras los beneficios económicos derivados de la explotación del oro pueden concentrarse en determinados actores, los costos ambientales y de salud se trasladan hacia poblaciones con menor capacidad para prevenir la exposición, exigir reparación o modificar sus condiciones de vida.
Nosotros, ciudadanos de a pie, académicos, profesionales de la salud publica y tomadores de decisiones deberíamos cuestionarnos: ¿quién recibe los beneficios del oro y quién asume los costos de su contaminación? Si una comunidad depende del río para beber, pescar, alimentarse y sostener su economía, difícilmente puede considerarse que tiene las mismas posibilidades de elección que alguien que observa el problema desde una ciudad distante y no nos atrevamos a hablar de “elecciones individuales” frente al consumo de pescado contaminado porque sería ignorar las condiciones estructurales que limitan esas decisiones.
Por eso es importante comprender que este hecho desastroso que se viene denunciando desde el 2022 también debe entenderse como un problema de inequidad en salud, en el entendido que, no todas las comunidades indígenas o personas están expuestas de la misma forma, ni tampoco tienen la misma capacidad para protegerse y mucho menos (como la historia nos recuerda respecto a la negligencia del estado frente a la salud de los pueblos indigenas) el acceso a diagnóstico, tratamiento y a la información y en este último me podrán decir que el Ministerio de Salud y Deportes junto con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) ya están realizando las acciones necesarias, aquí les invito a cuestionar: ¿porque generan acciones después de lo suscitado? ¿Les costaba darle prioridad a esta problemática que ya tocaba sus puertas de los tomadores de decisiones desde 2022?
La vulnerabilidad, por tanto, no está determinada solamente por la presencia del contaminante, sino también por las condiciones sociales que rodean a las personas expuestas.
Entendamos que proteger la salud de la Amazonía boliviana no significa únicamente medir cuánto mercurio existe en el agua, en los peces o en el cabello de una persona. Significa preguntarnos qué modelo de desarrollo estamos construyendo, quién participa en las decisiones sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos naturales y quién debe asumir las consecuencias cuando estos recursos son explotados sin suficientes medidas de protección ambiental y sanitaria.
La justicia social exige que las comunidades afectadas no sean consideradas únicamente como poblaciones “en riesgo” (como siempre lo hace la epidemiologia tradicional) que deben recibir recomendaciones sanitarias. Es imperioso que las poblaciones indígenas sean reconocidas como sujetos de derechos y como actores fundamentales en las decisiones que afectan sus territorios, sus alimentos, sus fuentes de agua y su salud.
La respuesta al mercurio, por tanto, no puede limitarse a decirle a una comunidad qué pescado debe comer; también debe preguntarse por qué esa comunidad llegó a depender de un ecosistema contaminado y qué responsabilidades tienen quienes generan, permiten o no logran controlar esa contaminación.
¿Habrá justicia para las comunidades indígenas y ribereñas?
