TRANSICIÓN. Un proyecto de ley busca certificar iniciativas verdes para facilitar su acceso a créditos y fondos climáticos. El segundo plantea una nueva planificación eléctrica, un regulador autónomo, contratos de largo plazo y un fondo para ampliar la electrificación rural.
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El Gobierno busca actualizar el marco normativo energético para diversificar la matriz y viabilizar inversiones en proyectos de generación limpia. Con ese propósito, este lunes remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dos proyectos de ley: la Ley de Fomento a las Energías Verdes y la Ley de Electricidad y Energías Renovables.
Esto se produce en un escenario de crisis energética, como la ha definido el propio Ejecutivo, ante la necesidad de diversificar las fuentes de generación y fortalecer la seguridad energética del país, mitigando el impacto de la progresiva caía de la producción de gas natural, que hoy genera cerca del 70% de la electricidad a nivel nacional. De acuerdo a fuentes especializadas, Bolivia podría importar gas entre 2028 y 2030 si continúa la tendencia y no se concretan nuevas inversiones, especialmente en exploración de hidrocarburos. En mayo de este año, el Gobierno anunció su decisión de abrir el mercado eléctrico a privados y acelerar la diversificación.
Este lunes, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que la Ley de Fomento a las Energías Verdes busca crear condiciones para que proyectos renovables previamente validados accedan a financiamiento nacional e internacional. La segunda propuesta plantea un nuevo marco para planificar y regular el sistema eléctrico, con mayor énfasis en fuentes renovables y en la protección de los usuarios.
Certificación para acceder a financiamiento verde
La presentación ministerial plantea una ruta de validación y certificación para que las iniciativas puedan ser consideradas por entidades financieras. Por ello, se plantea que “todos los proyectos que tengan que ver con energías renovables reciban un sello o una certificación para que sean sujetos de crédito tanto a nivel nacional como a nivel internacional”, explicó Blanco.
Entre las fuentes posibles de recursos se mencionan el Banco Central de Bolivia (BCB), el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), otros bancos, la banca privada, fondos climáticos y cooperación internacional. La propuesta también contempla financiamiento combinado -o blended finance-, bonos temáticos verdes, incentivos y créditos de carbono vinculados al artículo 6 del Acuerdo de París.
El mecanismo podría respaldar proyectos piloto, investigación y desarrollo, iniciativas de mitigación y generación renovable mediante hidroeléctricas, energía solar, eólica y geotérmica. También incluye biocombustibles como etanol y biodiésel; hidrógeno verde y sus derivados; gases renovables, entre ellos biogás y biometano; eficiencia y ahorro energético, y electromovilidad.
La propuesta incorpora una taxonomía sectorial energética y prevé articularse con otras normas: las de financiamiento climático, electricidad, hidrocarburos, inversiones, combustibles de origen vegetal y gestión integral de residuos. El proyecto de ley también está vinculado con la Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0), que fijan las metas y acciones climáticas de Bolivia para el periodo 2026-2035, y plantea coordinación en materia ambiental e interoperabilidad estatal.
Entre los impactos esperados, se busca la atracción de capitales, el acceso a financiamiento climático y la generación de divisas mediante exportaciones de hidrógeno verde y resultados de mitigación transferidos internacionalmente (ITMO). También proyecta empleos técnicos, producción responsable, nuevas cadenas de valor -como la de agroquímicos verdes-, polos de desarrollo regional y ciudades sostenibles. La iniciativa incluye como objetivos la descarbonización, la innovación tecnológica, la soberanía energética y una transición justa e inclusiva.
Planificación, regulación y protección al consumidor
La Ley de Electricidad y Energías Renovables propone una unidad de planificación que identifique las necesidades de generación y transmisión para los siguientes diez años. También plantea crear un Ente de Regulación de Electricidad (ERE), autárquico, con atribuciones para fiscalizar la calidad del servicio, procesar reclamos y proteger los derechos de los consumidores.
Para las tarifas, la propuesta prevé fórmulas técnicas de indexación y mecanismos de estabilización, con el objetivo de que «los precios sean equitativos, razonables y transparentes». La continuidad y la seguridad del suministro eléctrico se plantean como una necesidad para el desarrollo social.
En materia de inversión, el proyecto propone subastas y licitaciones públicas para incorporar nueva capacidad de generación. Además, los contratos serían vinculantes por al menos 15 años y las licencias podrían extenderse hasta 40 años, con el propósito de brindar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas.
La iniciativa prioriza fuentes como la eólica, solar, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica, tanto en plantas conectadas a la red troncal como en sistemas distribuidos. Hogares e industrias podrían instalar equipos para generar electricidad destinada a su autoconsumo e inyectar los excedentes a la red. El texto también incorpora redes de recarga para vehículos eléctricos y almacenamiento mediante baterías, que contribuirían a la estabilidad del sistema.
Blanco señaló que Bolivia busca convertirse en un centro energético por su ubicación geográfica y que el Gobierno trabaja en acuerdos con otros países para intercambiar electricidad. La propuesta apunta así a ampliar las fuentes internas y facilitar la integración eléctrica regional.
Un fondo para la electrificación rural
La propuesta también plantea crear un fondo fiduciario exclusivo para proyectos de electrificación rural, con la meta de alcanzar el 100% de cobertura. Sus recursos provendrían de derechos de licencia, excedentes de transferencias y sanciones económicas aplicadas a infractores del sistema eléctrico.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías administraría el fondo, mientras que las gobernaciones y los municipios ejecutarían los proyectos en sus territorios. La propuesta indica que se priorizaría el uso de fuentes renovables.
En los últimos meses, el Gobierno ha adoptado diversas medidas en el sector eléctrico. En febrero dictó el Decreto Supremo 5549 que incorporó la generación distribuida de media escala, con proyectos renovables de entre 1 y 6 megavatios, y habilitó sistemas solares y eólicos en estaciones de recarga para vehículos eléctricos. La nueva ley propone un marco más amplio para planificar, regular y expandir el sistema eléctrico. Además, al anunciar la socialización de los proyectos que hoy están en el Legislativo, también se propuso la apertura del mercado eléctrico y la diversificación energética y sobre la necesidad de normas, financiamiento, alianzas y gas.
