ECONOMÍA CIRCULAR. Paneles solares, aerogeneradores y baterías contienen acero, cobre, aluminio y otros materiales que pueden recuperarse. Aprovecharlos exigirá nuevas regulaciones, sistemas de trazabilidad, logística inversa y capacidad industrial.
El acelerado crecimiento de las energías renovables está abriendo un nuevo frente para América Latina y el Caribe: la gestión de los paneles solares, aerogeneradores y baterías que deberán ser reemplazados cuando terminen su vida útil o sean descartados de manera anticipada por fallas y renovaciones tecnológicas.
Estos equipos pueden convertirse en una nueva corriente de residuos con potenciales impactos sobre el suelo, el agua y el aire. Pero también concentran una enorme reserva de acero, cobre, aluminio, vidrio, plata, silicio, litio y otros materiales que podrían recuperarse y volver a las cadenas productivas.
Una nota técnica de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) estima que el valor económico potencialmente recuperable de los materiales contenidos en la infraestructura energética limpia de la región podría alcanzar los 84.000 millones de dólares en 2035 y ascender a 209.000 millones en 2050.
El cálculo no representa ingresos garantizados ni la cantidad de residuos que estará disponible inmediatamente en esos años. Refleja el valor de los materiales que contendrían las tecnologías instaladas, considerando sus precios promedio actuales y diferentes tasas de recuperación. Convertir ese potencial en una actividad económica dependerá de la capacidad regional para recolectar, desmontar, reutilizar y reciclar los equipos.
De acuerdo a OLACDE, la posibilidad de aprovechar estos recursos abre una oportunidad para desarrollar nuevas industrias, disminuir la dependencia de materias primas vírgenes, reducir la presión sobre la minería y reforzar la seguridad de suministro de materiales considerados estratégicos para la transición energética.
Una reserva dentro de la infraestructura energética
En 2025, las fuentes renovables produjeron el 67,4% de la electricidad de América Latina y el Caribe. La energía hidroeléctrica aportó el 44%; la eólica, el 11%; la solar, el 8%; la bioenergía, el 4%; y la geotermia, el 0,4%, de acuerdo con los datos de OLACDE.
El crecimiento de la energía solar y eólica comenzó a acelerarse hace aproximadamente una década. Por ello, la mayoría de las instalaciones todavía no ha cumplido su vida útil, que puede aproximarse a los 30 años en el caso de los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores.
Sin embargo, parte de los dispositivos es retirada antes de completar ese periodo debido a averías, pérdida de rendimiento o sustitución por tecnologías más eficientes. Esta situación ya ha llevado a varios países de la región a diseñar planes, programas y regulaciones para gestionar sus componentes.
Actualmente existen alrededor de 150 millones de paneles solares en funcionamiento en América Latina y el Caribe, considerando una potencia promedio de 600 vatios por unidad. La región también cuenta con aproximadamente 16.000 aerogeneradores, con una capacidad media estimada de cuatro megavatios cada uno.
La expansión prevista de estas tecnologías, junto con el crecimiento de las baterías utilizadas para respaldar los sistemas eléctricos y alimentar los vehículos, multiplicará la cantidad de materiales incorporados a la infraestructura energética durante los próximos 25 años.
En un escenario regional ambientalmente ambicioso, orientado a alcanzar emisiones netas cero en 2050, OLACDE calcula que los paneles, aerogeneradores y baterías contendrían cerca de 81 millones de toneladas de materiales a mediados de siglo.
De ese total, aproximadamente 36 millones de toneladas corresponderían a acero, una cantidad equivalente al 63% de la producción anual actual de este metal en América Latina y el Caribe. Otros cuatro millones de toneladas serían de cobre, volumen cercano al 40% de la producción anual regional, y diez millones de toneladas serían de aluminio, casi tres veces la producción anual actual de la región.
Estas cantidades no equivalen directamente a residuos generados en 2050. Representan los materiales que estarían contenidos en la infraestructura instalada y que podrían recuperarse progresivamente cuando los equipos lleguen al final de su vida útil.
Paneles, baterías y aerogeneradores
Los paneles solares concentran una parte importante del valor económico proyectado. OLACDE estima que los equipos fotovoltaicos instalados en la región podrían contener 21,3 millones de toneladas de materiales en 2050, con un valor recuperable aproximado de 83.000 millones de dólares.
El vidrio constituye entre el 78% y el 86% del peso de los módulos fotovoltaicos, dependiendo de su tecnología. Los paneles también contienen aluminio, cobre, plata, silicio y materiales plásticos. La plata representaría el 61% del valor económico recuperable, pese a encontrarse en cantidades mucho menores que el vidrio o el aluminio.
La presencia de plomo, cadmio y otros elementos potencialmente contaminantes exige procedimientos adecuados de desmontaje y disposición. Una recuperación incompleta también supone perder los recursos y la energía utilizados durante la fabricación de los equipos.
Las baterías de iones de litio utilizadas en electromovilidad y como respaldo de los sistemas eléctricos podrían contener más de 17 millones de toneladas de materiales en 2050. Su valor recuperable se acercaría a 68.000 millones de dólares, con una participación especialmente importante del cobre, el aluminio, el grafito, los óxidos metálicos y las sales de litio.
OLACDE prevé que el mayor volumen de baterías provendrá de la electromovilidad. El número de unidades utilizadas por vehículos eléctricos e híbridos enchufables podría pasar de 710.000 en 2025 a 21,7 millones en 2035 y 63,6 millones en 2050.
Los aerogeneradores concentrarían cerca de 42 millones de toneladas de materiales y un valor económico recuperable aproximado de 58.000 millones de dólares. La mayor parte correspondería al acero de las torres y estructuras, además del cobre y el aluminio presentes en sus componentes eléctricos.
Uno de los principales desafíos se encuentra en las palas, fabricadas con fibra de vidrio o carbono y resinas. Mientras alrededor del 90% de un aerogenerador puede recuperarse mediante procesos convencionales, las palas son más difíciles de reciclar y suelen ser trituradas para incorporarlas a materiales de construcción o utilizarse en procesos de valorización energética.
La IA puede extender la vida útil
La economía circular no comienza cuando un equipo se convierte en residuo. La nota técnica plantea que la digitalización y la inteligencia artificial pueden intervenir mucho antes, mediante el monitoreo continuo y el mantenimiento predictivo.
Los sistemas inteligentes pueden analizar el rendimiento de paneles solares, aerogeneradores y baterías, detectar anomalías y anticipar posibles fallas. Esta información permite programar el mantenimiento, reducir costos de operación y prolongar la vida útil de los dispositivos, evitando que sean desechados prematuramente.
En el caso de las baterías utilizadas por los vehículos eléctricos, uno de los mayores retos consiste en determinar con precisión su capacidad remanente y establecer si todavía pueden operar de manera segura.
Los algoritmos pueden analizar los ciclos de carga y descarga, la temperatura de funcionamiento, la profundidad de descarga y los patrones de uso. Con esos datos es posible clasificar las baterías para su reutilización directa, reacondicionamiento, incorporación a sistemas estacionarios de almacenamiento o reciclaje.
Una batería que ya no cumple las exigencias de un vehículo puede conservar suficiente capacidad para almacenar electricidad procedente de fuentes solares o eólicas. Esta segunda vida posterga su disposición final y mejora el aprovechamiento de los materiales y la energía utilizados en su fabricación.
Los pasaportes digitales también permitirían registrar la composición, el origen de los materiales, el historial de funcionamiento y las intervenciones de mantenimiento de cada batería. Esa información fortalecería la trazabilidad y facilitaría la aplicación de programas de responsabilidad extendida del productor y logística inversa.
La región comienza a prepararse
El reciclaje de la infraestructura energética todavía es incipiente en América Latina y el Caribe. Algunos países gestionan estos equipos dentro de sus normas generales sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, mientras otros comienzan a desarrollar regulaciones y capacidades específicas.
Argentina cuenta con centros que desmontan paneles y separan materiales como vidrio y aluminio. Brasil aplica su Política Nacional de Residuos Sólidos y ya tiene empresas que recuperan más del 80% de los componentes de los módulos fotovoltaicos, aunque todavía carece de una legislación específica.
Chile desarrolla infraestructura para gestionar más de 120.000 toneladas de residuos fotovoltaicos proyectadas hasta 2046. La recuperación de aluminio, cobre y vidrio se enmarca en su Ley de Responsabilidad Extendida del Productor.
Ecuador incluye los paneles solares dentro de su normativa de responsabilidad extendida para aparatos eléctricos y electrónicos y trabaja en una hoja de ruta para los residuos de baterías de litio.
Uruguay aprobó en 2025 una regulación que prioriza la extensión de la vida útil de las baterías y, posteriormente, su reutilización, reciclaje y valorización. El tratamiento y la disposición final deben considerarse como las últimas alternativas.
Pese a estos avances, la infraestructura para reciclar baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento a gran escala continúa en una etapa inicial. En muchos países también faltan normas específicas, sistemas de trazabilidad, rutas de recolección y capacidades industriales para recuperar los materiales.
Una oportunidad que requiere planificación
La posibilidad de movilizar hasta 209.000 millones de dólares en materiales recuperables hacia 2050 muestra que la gestión de los residuos energéticos puede convertirse en una nueva cadena de valor para América Latina y el Caribe.
La recuperación de acero, cobre, aluminio, plata, vidrio, silicio, grafito y litio permitiría reducir importaciones, disminuir la necesidad de nuevas actividades extractivas, evitar parte de las emisiones vinculadas con la minería y el procesamiento industrial y crear empleo especializado.
Pero esta oportunidad no se materializará únicamente con el crecimiento de las energías renovables. Requerirá regulaciones específicas, responsabilidad extendida de productores e importadores, sistemas de trazabilidad, logística inversa, inversión en investigación y plantas capaces de reutilizar y reciclar componentes.
La sostenibilidad de la transición energética no termina con la instalación de parques solares, aerogeneradores, baterías o vehículos eléctricos. También dependerá de que la región sea capaz de anticipar el final de su vida útil y transformar los residuos tecnológicos en recursos para una nueva etapa productiva.
