Cecilia González Paredes
Biotecnóloga y divulgadora científica
Hay informes que no llegan para informar, sino para desnudar una falta de acción escalofriante. El llamado Rape Gang Inquiry Report, publicado en el Reino Unido bajo el impulso del diputado Rupert Lowe y la plataforma Restore Britain, sostiene que alrededor de 250.000 niñas habrían sido víctimas de abuso, explotación, violación, trata y tortura durante décadas. No es una cifra cómoda ni fácil de procesar. Pero precisamente por eso exige ser leída con seriedad, no con la liviandad con la que a menudo se trata lo que incomoda al poder.
El dato importa, pero importa todavía más lo que revela. Ese informe no solo apunta a los agresores; apunta a una cadena de omisiones. Policías, autoridades locales, servicios sociales, escuelas y gobiernos habrían visto señales, recibido alertas y aun así, no actuaron para frenar aquel atropello. La historia se vuelve más grave cuando uno entiende que la falla no fue una excepción, sino un patrón. Y el argumento que apareció una y otra vez para frenar la investigación fue tan elocuente como inquietante: el temor a ser acusados de racismo.
Ahí está el nudo del problema. Nadie serio podría negar la existencia del racismo, ni mucho menos restarle importancia. Pero una cosa es combatir una discriminación real y otra muy distinta es usarla como escudo para no mirar delitos que devastan vidas. Cuando una sociedad concede a esa palabra el poder de detener toda investigación, termina haciendo exactamente lo contrario de lo que dice defender. Protege reputaciones, no víctimas. Administra silencios, no justicia.
La reacción en Inglaterra fue de indignación pública. El debate creció, la presión social aumentó y el gobierno se quedó de brazos cruzados. El primer ministro Keir Starmer tuvo que retroceder, después de haber desestimado antes las demandas de profundización y de haber descalificado a quienes insistían con el tema. Ese giro no habla de fortaleza; habla de una derrota política frente a una verdad demasiado grande para seguir esquivándola.
Lo que inquieta de este caso no es solo el número ni la brutalidad de los hechos. Es la facilidad con que una causa legítima, como la lucha contra el racismo, puede ser convertida en coartada. Cuando eso ocurre, el racismo deja de ser enfrentado y se vuelve instrumental. Se lo invoca no para proteger a una comunidad vulnerable, sino para evitar que se nombren responsabilidades concretas. Y esa maniobra, además de injusta, termina degradando la propia denuncia antirracista.
Desde Bolivia, la lección resulta incómoda. Porque aquí también hemos visto cómo ciertos discursos funcionan como pasaporte a la impunidad. Durante 51 días, el país fue tomado como rehén por bloqueos que paralizaron rutas, encarecieron la vida cotidiana, afectaron la economía y dejaron muertes y pérdidas que no se borran con un comunicado. Y ahora, cuando correspondería exigir cuentas, aparece otra vez la tentación de envolver todo en la palabra racismo, como si esa sola mención bastara para suspender la responsabilidad.
La pregunta, entonces, no es si el racismo existe. Claro que existe. La pregunta es si vamos a permitir que esa verdad sea usada como una llave para abrir la puerta de la impunidad. Porque una cosa es proteger a quienes sufren discriminación y otra muy distinta es blindar a quienes dañan a la sociedad. Confundir esos planos no es un acto de sensibilidad; es una forma de renuncia moral.
Inglaterra deja una advertencia severa: cuando el Estado teme investigar por miedo al costo político, la infancia paga el precio. Bolivia no debería repetir el error en otra clave. Si quienes bloquearon el país y causaron daños humanos y materiales terminan protegidos por una narrativa que desactiva la justicia, entonces la democracia quedará otra vez a merced de su vieja enfermedad: la impunidad decorada con buenas palabras.
