FINANCIAMIENTO. La propuesta busca ordenar el acceso a recursos nacionales e internacionales mediante instrumentos como créditos de carbono y biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y financiamiento combinado. También establece reglas de autorización, registro, trazabilidad, salvaguardas y distribución de beneficios.
Bolivia busca establecer las reglas para acceder a recursos públicos, privados y de cooperación destinados a enfrentar el cambio climático y conservar la biodiversidad. Una propuesta de ley marco plantea ordenar estos mecanismos, reconocer la titularidad de sus beneficios y crear una estructura encargada de autorizar, registrar y supervisar los proyectos.
El proyecto de Ley de Gobernanza, Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de Biodiversidad actualmente se encuentra en proceso de socialización. Hace unos días fue presentado en Santa Cruz por el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila Andrade, durante una actividad de socialización en la Gobernación.
Ávila explicó que la futura norma pretende conciliar dos propósitos: conservar los recursos naturales y generar oportunidades económicas vinculadas con esa conservación.
“El elemento más importante es que primero está la conservación y, de manera complementaria, el desarrollo y la economía”, afirmó. Según la autoridad, reducir el financiamiento climático únicamente a la posibilidad de recibir recursos económicos distorsiona su finalidad.
El viceministro definió este financiamiento como el conjunto de flujos públicos o privados, nacionales o internacionales, destinados específicamente a acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Los recursos pueden provenir de gobiernos, bancos, inversionistas y organismos de cooperación.
Una estructura común para diferentes mecanismos
La propuesta comprende instrumentos como los mercados de carbono, los créditos de biodiversidad, los bonos verdes, los canjes de deuda por naturaleza y el financiamiento combinado, que articula recursos públicos, privados y de cooperación internacional.
La norma definiría las reglas para la regulación, articulación, autorización, registro, trazabilidad, supervisión y control del financiamiento climático y de biodiversidad. Según Ávila, el propósito es construir un sistema nacional ordenado, transparente y técnicamente creíble, que brinde estabilidad y confianza, facilite el acceso de Bolivia a los mercados internacionales y permita movilizar inversiones verdes hacia el país.
El proyecto se encuentra en revisión de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), que realiza ajustes relacionados con la nueva estructura del Órgano Ejecutivo. En los últimos días también se socializó en la Gobernación de La Paz y en otros espacios. Ávila indicó que, una vez concluida la revisión de Udape, el documento será remitido a las gobernaciones y otros actores participantes para que puedan conocer su contenido.
¿Cómo funcionaría el sistema?
La estructura propuesta contempla un ente rector, encargado de definir las políticas, prioridades y lineamientos estratégicos, y una autoridad nacional competente, responsable de autorizar los instrumentos y representar a Bolivia ante fondos y mecanismos internacionales.
También se conformaría un Consejo Nacional para coordinar a las entidades públicas y promover la participación consultiva de pueblos indígenas, sector privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional. Su composición podrá variar según el tipo de iniciativa y el territorio involucrado.
El brazo operativo será una entidad técnica descentralizada, encargada de administrar el registro nacional, implementar los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, homologar estándares internacionales y desarrollar metodologías.
Otra de las responsabilidades de la entidad técnica será garantizar que los proyectos cumplan criterios de integridad ambiental, rigor metodológico, transparencia y trazabilidad, además de impedir la doble contabilidad o doble reclamación. Esto significa evitar que una misma reducción de emisiones sea registrada o presentada como propia por más de un actor, uno de los requisitos contemplados en las normas internacionales acordadas para los mercados de carbono en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París.
Dentro de esta entidad funcionaría la Plataforma Nacional de Inversión, un mecanismo destinado a estructurar una cartera de proyectos y movilizar recursos públicos, privados, mixtos y de cooperación. También deberá conectar a los proponentes con posibles fuentes de financiamiento.
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Los beneficios serán para quienes desarrollen los proyectos
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el reconocimiento de los créditos de carbono y los resultados de mitigación como activos ambientales intangibles. Estos podrán integrar el patrimonio de su titular y ser registrados, administrados, transferidos o comercializados de acuerdo con la normativa.
La titularidad dependerá de quién desarrolle y financie el proyecto. Si una gobernación ejecuta una iniciativa, sus resultados y beneficios corresponderán a esa gobernación. El mismo principio se aplicará a municipios, territorios indígenas, entidades estatales, actores privados y desarrolladores. De acuerdo con la exposición, la propuesta no contempla que los beneficios generados por los proyectos subnacionales o privados pasen al nivel central. Tampoco se mencionó la creación de un impuesto específico sobre estos recursos.
Sin embargo, la autorización, el registro y la trazabilidad permanecerán bajo conducción nacional, porque Bolivia debe reportar como país los resultados obtenidos y cumplir los compromisos internacionales asumidos en materia climática.
Distribución de beneficios y salvaguardas
La propuesta reconoce la participación de desarrolladores privados, comunitarios o mixtos, que podrán ejecutar proyectos propios o asociarse con comunidades, gobiernos subnacionales y pueblos indígenas.
Ávila advirtió sobre la presencia de intermediarios que ofrecen ingresos millonarios sin contar con iniciativas técnicamente sólidas, certificaciones ni compradores asegurados. Por ello, los proyectos deberán ser registrados, verificados y sometidos a estándares reconocidos.
Cuando intervenga más de un actor, se exigirá un plan de distribución de beneficios aprobado antes de iniciar la ejecución. El documento deberá establecer qué proporción corresponderá a las comunidades, entidades territoriales, desarrolladores y demás participantes. Esta disposición busca evitar que las condiciones económicas sean negociadas cuando el proyecto ya haya generado ingresos, lo que podría provocar conflictos entre sus integrantes.
Las iniciativas también deberán cumplir salvaguardas sociales, ambientales, territoriales y culturales. En los territorios indígenas será obligatoria la consulta previa, incluso cuando estos se superpongan con un área protegida. Ávila mencionó como ejemplo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde, por su doble condición, debe prevalecer el derecho constitucional de los pueblos indígenas a ser consultados.
Los proyectos tendrán que demostrar integridad ambiental, rigor metodológico, transparencia, trazabilidad y resultados verificables. “Un crédito emitido sin estos criterios no nos lo va a comprar nadie”, advirtió Ávila al señalar que la credibilidad del sistema será determinante para atraer inversiones.
Con estas condiciones, el Gobierno busca posicionar a Bolivia como un socio confiable para el financiamiento climático y de biodiversidad, alineado con estándares internacionales y capaz de ofrecer seguridad a las comunidades, los responsables de los proyectos y los inversionistas.
Otro elemento importante, es que los recursos provenientes de mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza no podrán financiar gastos corrientes de gobernaciones u otras instituciones. Tendrán que ser destinados a los objetivos ambientales acordados, como el fortalecimiento de las áreas protegidas.
Estas son las bases sobre las que avanza el proyecto de ley para el financiamiento climático que continúa en proceso de socialización. El desafío es generar un marco transparente y que garantice la participación de los diferentes actores, además de brindar trazabilidad y seguridad para potenciales inversores.
