FINANZAS SOSTENIBLES. Los incentivos que dañan la naturaleza superaron el 5% del PIB regional en 2024, más del doble de lo que se requiere para financiar la biodiversidad. Mientras disminuye la cooperación internacional, el BID plantea reorientar estos flujos y combinar capital público y privado para movilizar hasta USD 113.000 millones anuales.
Karina Vargas Alba
América Latina y el Caribe albergan el 60% de la vida terrestre, el 31% del agua dulce y el 23% de los bosques del planeta. Sin embargo, originan apenas el 8,2% de los flujos mundiales destinados a biodiversidad y enfrentan una brecha anual de aproximadamente 153.000 millones de dólares.
Una hoja de ruta elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la región podría movilizar hasta 113.000 millones de dólares anuales y cubrir el 75% de su brecha de financiamiento. Para lograrlo, deberá enfrentar una contradicción central: los subsidios perjudiciales para la naturaleza superaron el 5% del PIB regional en 2024, más del doble de los recursos que hacen falta para proteger sus ecosistemas.
La reforma no supone eliminar estos incentivos de manera inmediata, sino identificarlos y reorientarlos gradualmente hacia actividades más eficientes y compatibles con los compromisos ambientales, explicó el representante del Grupo BID en Bolivia, Leopoldo Avellán, durante el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), realizado en Santa Cruz.
El desafío surge en un momento en que la naturaleza dejó de ser una variable periférica para convertirse en un criterio de inversión. Los riesgos asociados con la pérdida de biodiversidad, la deforestación y el agua ya influyen en las decisiones de grandes fondos, bancos y otros actores financieros.
La vulnerabilidad de la región
Alrededor del 56% del producto interno bruto de América Latina y el Caribe y cerca de 64 millones de empleos dependen directa o indirectamente de la naturaleza. Si continúa el deterioro de los servicios ecosistémicos, el impacto podría alcanzar el 3,4% del PIB regional.
El reto se vuelve más urgente ante la disminución de la cooperación internacional y la alta dependencia de los recursos públicos. Este escenario obliga a ampliar el abanico de oportunidades y construir alianzas entre los Estados, la banca de desarrollo, los fondos ambientales, la cooperación, las empresas, los inversionistas, los pueblos indígenas y las comunidades locales.
El financiamiento de la naturaleza no se limita a los mercados de carbono. También incluye bonos verdes y azules, conversiones de deuda por naturaleza, pagos por resultados, créditos de biodiversidad, infraestructura natural, préstamos vinculados con políticas ambientales, fondos de inversión y esquemas de financiamiento combinado.
“América Latina y el Caribe no tienen un problema de escasez de activos naturales. Tienen un problema de intermediación financiera”, sostuvo Avellán.
Una brecha de USD 153.000 millones
La brecha anual de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe alcanza aproximadamente a 153.000 millones de dólares, equivalentes al 16,2% de la brecha mundial y a alrededor del 2,3% del producto interno bruto regional.
Si continúan las actuales tendencias de pérdida de biodiversidad, el colapso parcial de los servicios ecosistémicos podría representar un costo equivalente al 3,4% del PIB regional. Este riesgo ya comenzó a influir en las decisiones financieras. Avellán citó el caso del fondo soberano de Noruega, con activos por alrededor de 1,8 billones de dólares, que excluye o retira inversiones de empresas vinculadas con riesgos para la biodiversidad, la deforestación y la gestión del agua.
“La naturaleza ya es un criterio de inversión, no es solamente una externalidad futura”, remarcó.
Los recursos públicos ya no serán suficientes
El financiamiento para la biodiversidad continúa dependiendo principalmente de los Estados. En América Latina y el Caribe, el 55% procede de fuentes públicas, el 27% de mecanismos público-privados -principalmente bonos y deuda verde- y solo el 18% corresponde a capital privado.
A esta concentración se suma la reducción de la cooperación internacional. La ayuda oficial al desarrollo cayó un 23,3% en 2025 y se proyecta una disminución adicional del 6,9% en 2026. Sería el tercer año consecutivo de descenso y el nivel más bajo desde 2014.
Para el representante del BID, esta tendencia obliga a los países a diversificar sus fuentes y dejar de depender exclusivamente de los presupuestos públicos, los fondos multilaterales y la cooperación.
El capital privado global ya busca oportunidades vinculadas con la naturaleza, explicó, pero requiere certidumbre, proyectos estructurados e instituciones que puedan administrar los recursos y comprobar sus resultados.
La región podría movilizar USD 113.000 millones
La hoja de ruta elaborada por el BID y la Cepal para el periodo 2026-2030 plantea cinco frentes de acción que podrían movilizar aproximadamente 113.000 millones de dólares al año y cerrar hasta el 75% de la brecha regional.
El primero consiste en reorientar los flujos existentes para que el presupuesto público no financie actividades contrarias a los compromisos ambientales. El segundo propone incorporar el riesgo asociado a la naturaleza en la gestión fiscal e identificar los impuestos, incentivos, subsidios y gastos que favorecen o perjudican los ecosistemas.
El tercer frente plantea atraer capital privado mediante reglas claras y previsibles. “El capital privado entra donde hay certidumbre, no solo buenas intenciones”, señaló Avellán.
También se propone fortalecer la gobernanza territorial y la integridad de los instrumentos financieros para que cada dólar se traduzca en resultados verificables. El último componente busca posicionar a América Latina y el Caribe dentro de la arquitectura financiera internacional, no solamente como receptora, sino como catalizadora de recursos.
El costo de los subsidios perjudiciales
La reforma de los subsidios perjudiciales fue presentada como una de las medidas con mayor impacto y menor costo fiscal. La contradicción también se observa en el escenario mundial: por cada dólar destinado a proteger la naturaleza, otros 30 se dirigen a actividades que la degradan.
La representante de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Bolivia, Jeannette Sánchez, planteó una advertencia similar: una sola política económica puede contrarrestar los recursos invertidos a favor de la naturaleza.
Citó como ejemplo los subsidios dirigidos a actividades contaminantes o perjudiciales para los ecosistemas. Por esa razón, sostuvo que el financiamiento no puede analizarse de manera aislada de las decisiones económicas, fiscales y productivas de cada país.
La región ya ensaya nuevos instrumentos
América Latina y el Caribe ya ensaya mecanismos para atraer recursos hacia la biodiversidad. Chile emitió en enero de 2026 bonos soberanos por 4.375 millones de dólares, cuyo costo de financiamiento se ajusta al cumplimiento de metas de biodiversidad. Uruguay había abierto ese camino en 2022 con una emisión de 1.500 millones vinculada a indicadores ambientales.
Las conversiones de deuda de Ecuador liberaron más de 1.100 millones para la conservación de Galápagos y la Amazonía, mientras que las operaciones realizadas por Barbados generaron ahorros superiores a 125 millones para resiliencia climática y conservación marina.
Estos instrumentos permiten reducir costos financieros y liberar recursos para la naturaleza, pero requieren una contraparte institucional capaz de administrarlos durante décadas.
Fondos para llevar los recursos al territorio
En ese punto adquieren relevancia los fondos ambientales, que Avellán definió como la “infraestructura institucional” necesaria para convertir las operaciones financieras en acciones concretas de conservación.
Estos fondos pueden gestionar recursos más allá de los ciclos políticos, combinar diferentes fuentes de financiamiento y sostener inversiones de largo plazo. También pueden conectar a los gobiernos y organismos internacionales con áreas protegidas, pueblos indígenas y comunidades locales.
Para asumir ese papel, deberán fortalecer su gobernanza, diversificar sus políticas de inversión y combinar fondos patrimoniales, fondos de transición y mecanismos revolventes, aquellos donde hay un retorno de los recursos. También necesitan desarrollar ingresos propios y demostrar capacidad para medir impactos ambientales, sociales y económicos.
El desafío, por tanto, no se limita a conseguir más dinero. La región deberá corregir las señales económicas contradictorias, dejar de incentivar actividades que destruyen su capital natural y construir instituciones capaces de transformar cada recurso movilizado en biodiversidad conservada, economías locales fortalecidas y mejores condiciones de vida.
