FAUNA SILVESTRE. El oso andino fue perseguido, golpeado, ahorcado y posteriormente faenado en 2023, cerca del Área Natural de Manejo Integrado El Palmar. El juicio oral se reactivará el 16 de septiembre, mientras organizaciones ambientales reclaman una sanción que siente precedente.
El 30 de julio de 2023, un oso andino o jucumari (Tremarctos ornatus) fue perseguido desde las inmediaciones del Área Natural de Manejo Integrado El Palmar hasta la comunidad de Rumi Cancha, en Chuquisaca. De acuerdo con los antecedentes del proceso, el animal fue acorralado con piedras, palos y perros y murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, además de sufrir politraumatismos y mordeduras. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado y faenado.
Tres años después, el caso se encuentra en fase de juicio oral, público y contradictorio. Una nueva audiencia está prevista para el 16 de septiembre y organizaciones defensoras de los animales y del medioambiente piden que, si se comprueba la responsabilidad de los acusados, se aplique la máxima sanción establecida por ley.
El proceso vuelve a poner bajo atención la situación del oso andino en El Palmar, donde su población ya era considerada reducida y vulnerable cuando ocurrió el hecho. En 2023, el biólogo Mauricio Peñaranda señaló a Correo del Sur que se estimaba la presencia de apenas entre 20 y 30 ejemplares, aunque aclaró que no existía un registro exacto.
En una población tan pequeña, la pérdida de un solo individuo puede afectar sus posibilidades de reproducción y supervivencia. La muerte tampoco representa únicamente la desaparición de un animal: el jucumari cumple una función importante como dispersor de semillas y contribuye a la regeneración de los bosques.
Tres personas enfrentan el proceso
Tres personas fueron identificadas como presuntas autoras materiales del hecho: Santos Yucra Zurita, Francisco León Koanqui y Doroteo Flores Quispe. Durante la investigación se encontraron en su poder diferentes partes del cuerpo del animal y, en uno de los casos, la soga presuntamente utilizada. Los acusados enfrentan el proceso sin detención preventiva.
La causa se sigue por los presuntos delitos de biocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y delitos ambientales.
El Ministerio Público actúa como acusador de oficio. También figuran como acusadores particulares la Dirección General del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Gobernación de Chuquisaca y organizaciones legalmente constituidas que participan en la defensa animal y ambiental. La acusación cuenta con pruebas periciales científicas y veterinarias, además de la participación de Ximena Vélez-Liendo, investigadora boliviana de la Universidad de Oxford y especialista en la conservación del oso andino.
Según los antecedentes fiscales, la conducta investigada podría adecuarse al delito de biocidio, establecido en el artículo 350 Ter del Código Penal. La acusación también hace referencia a disposiciones de la Ley 1333 de Medio Ambiente relacionadas con la cacería, tenencia, acopio y comercialización no autorizada de animales silvestres o sus derivados.
El conflicto con el ganado no justifica la muerte
Una de las discusiones planteadas alrededor del caso es el posible conflicto entre la fauna silvestre y las actividades ganaderas. Las organizaciones que siguen el proceso remarcan que un eventual ataque al ganado no autoriza a particulares a perseguir, maltratar o matar a un animal silvestre.
Ante este tipo de situaciones, corresponde activar mecanismos de prevención, denuncia y respuesta institucional. También se necesitan medidas que protejan a las comunidades y sus medios de vida, sin trasladarles la responsabilidad de resolver por sí solas los conflictos con especies amenazadas.
El caso ocurrió en un territorio especialmente sensible. Aunque el desenlace se produjo en una comunidad colindante, después de que el animal fuera perseguido fuera de los límites del área protegida, se trataba de un ejemplar procedente de El Palmar.
El hecho evidencia que la conservación no puede detenerse en los límites administrativos de un área protegida y que también debe involucrar a las comunidades de su zona de influencia.
Piden seguimiento al juicio
El 9 de septiembre, la Fundación Protectora de Animales de Sucre remitió una carta a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental para solicitar acompañamiento y seguimiento institucional a las acciones jurídicas relacionadas con la defensa de El Palmar y su fauna silvestre.
La Fundación Protectora de Animales de Sucre y Alas Chiquitanas también convocaron a un plantón ciudadano para el 15 de septiembre en Sucre y pidieron a la población realizar seguimiento y veeduría a la audiencia del día siguiente. Las organizaciones esperan que el juicio avance respetando las garantías del debido proceso y que, si la Justicia determina la responsabilidad de los acusados, la sentencia establezca un precedente frente a los delitos contra la fauna silvestre.
Para una población de osos andinos estimada en apenas unas decenas de ejemplares, cada pérdida cuenta. El resultado del proceso mostrará también la capacidad del Estado y la Justicia para proteger a una especie amenazada, incluso más allá de los límites formales de un área protegida.
