SOSTENIBILIDAD. El Pacto Global Red Bolivia inició en Santa Cruz un diálogo con empresas, instituciones financieras, academia y organizaciones vinculadas con la sostenibilidad. Los aportes recogidos en tres talleres servirán para construir un instrumento que oriente la transición del sector industrial manufacturero.
Karina Vargas Alba
La economía circular avanza en Bolivia a través de numerosas iniciativas. Sin embargo, éstas no encuentran las condiciones para consolidar su desarrollo y sumar a otros actores en las diferentes cadenas productivas. El desafío es generar condiciones adecuadas para su desarrollo a través de políticas públicas, normas claras, incentivos tributarios, acceso a financiamiento y tecnología, formación técnica e inclusión de los proveedores en los procesos.
Estas son algunas de las propuestas que surgieron en el primer taller de un proceso de diálogo público-privado impulsado por el Pacto Global Red Bolivia. La iniciativa comenzó en Santa Cruz y continuará en La Paz y Cochabamba, con la participación de empresas de diferentes sectores, instituciones financieras, universidades y organizaciones relacionadas con la producción y la sostenibilidad.
La iniciativa es impulsada por el Pacto Global Red Bolivia en alianza con el Viceministerio de Políticas de Industrialización Sostenible y Alta Tecnología, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y Fundares, y cuenta con el apoyo de Itacamba y Soboce. Los resultados serán sistematizados y entregados al Gobierno como insumo para construir un instrumento técnico-normativo que oriente la transición del sector industrial manufacturero hacia modelos sostenibles de producción y consumo.
“El objetivo de estos talleres es obtener información que le sirva al Estado como una herramienta construida desde el sector privado”, explicó Gabriela Pinaya, consultora encargada de acompañar el proceso. La especialista señaló que las empresas llegan al diálogo con propuestas, expectativas y necesidades concretas. El reto será lograr que sus planteamientos se traduzcan en políticas y acciones.
“Las empresas vienen con esperanzas y con la necesidad de ser escuchadas. El gran desafío será que el Estado las escuche y realmente ponga en acción estos requerimientos”, sostuvo.
Una transición organizada
Durante el encuentro, Moira Gálvez, responsable de Economía Circular de GIZ/ProUrbano, explicó que Bolivia necesita instrumentos que permitan pasar de iniciativas individuales a una transición organizada, con prioridades, actores articulados y condiciones que faciliten ampliar las experiencias existentes.
Gálvez diferenció las funciones de una ley, una política, una estrategia y una hoja de ruta. Mientras la ley establece reglas y obligaciones, la política define una visión y sus prioridades. La estrategia determina cómo alcanzarlas y la hoja de ruta las traduce en acciones, responsables y plazos. Estos instrumentos pueden complementarse y su definición debe considerar el grado de madurez de la economía circular en Bolivia, el consenso entre los actores, la capacidad institucional y presupuestaria, el horizonte temporal, el contexto económico y las posibilidades de aplicar las medidas a una escala mayor.
“El instrumento debe responder a la realidad del país y del sector”, enfatizó Gálvez. Esto significa que el proceso no se limita necesariamente a elaborar una única norma. Busca identificar qué combinación de instrumentos responde mejor a las condiciones del país y, particularmente, a las necesidades del sector industrial manufacturero.
Reglas e incentivos para toda la cadena
Una de las principales coincidencias del taller fue la necesidad de trabajar en políticas públicas para establecer reglas claras, acompañadas por mecanismos de control, fiscalización y sanciones. La regulación debería incentivar a las empresas que recuperan, transforman o reincorporan materiales a sus procesos y, al mismo tiempo, actuar frente a su disposición inadecuada.
Las medidas deben alcanzar a toda la cadena de valor, desde quienes recolectan y clasifican los materiales hasta las industrias que los utilizan como materia prima. Entre las conclusiones también aparece la necesidad de frenar el contrabando, debido a las condiciones desiguales que genera para las empresas formales que invierten en el cumplimiento de obligaciones ambientales, laborales y tributarias.
“Sí hay interés de parte de las empresas en introducir la economía circular, pero sin un incentivo y sin apoyo del Estado también se ven un poco desvalidas. El gran reto es que el Estado genere leyes e incentivos que fomenten la economía circular”, afirmó Pinaya.
El marco tributario
Las empresas recicladoras identificaron como una dificultad particular el tratamiento tributario de las materias primas recuperadas. Parte de estos materiales se compra a recolectores o proveedores que no emiten facturas, lo que impide descargar esos costos y afecta la capacidad de reinversión y crecimiento de las empresas formales.
Por ello, se propuso crear incentivos y mecanismos tributarios acordes con las características de una cadena que todavía tiene una importante base informal. También se plantearon facilidades o arancel cero para importar maquinaria y tecnología destinadas a reparar, remanufacturar, transformar o reincorporar materiales.
Otro planteamiento fue elaborar registros de los materiales industriales y la maquinaria obsoleta que las empresas dejan de utilizar. Esta información permitiría identificar oportunidades para repararlos, reconvertirlos o destinarlos a nuevos usos, en lugar de tratarlos automáticamente como residuos.
Precio justo e inclusión
El avance de la economía circular también dependerá de que sus beneficios alcancen a los actores que se encuentran en la base de la cadena. Los participantes propusieron garantizar un precio justo e incorporar a los recolectores en los programas, incentivos y decisiones relacionados con la recuperación de materiales. Esto supone reconocer su contribución, mejorar sus condiciones y facilitar su articulación con empresas, municipios y organizaciones que utilizan los materiales recuperados.
Las conclusiones también destacan la necesidad de promover nuevos hábitos de consumo mediante la educación y de construir alianzas con actores como la academia y los medios de comunicación. La digitalización puede contribuir al registro, la coordinación y la trazabilidad de los materiales.
Otra condición prioritaria es el acceso a recursos para invertir en maquinaria, innovación, logística inversa, recuperación de materiales y sistemas de medición. Por ello se propuso crear mecanismos financieros específicos para la economía circular y vincular estos proyectos con el financiamiento climático. Para acceder a esos recursos, las empresas y los sistemas de gestión de residuos necesitarán trazabilidad y mecanismos de monitoreo y reporte que demuestren sus resultados ambientales.
Estos sistemas permitirían conocer cuántos materiales fueron recuperados, qué volumen dejó de llegar a los vertederos y qué reducción de emisiones generó cada iniciativa. Los proyectos necesitan información verificable para demostrar su impacto y acceder a recursos nacionales o internacionales.
Las alianzas público-privadas fueron identificadas como otro pilar. Bajo estos acuerdos, el Estado puede aportar regulación y coordinación institucional, mientras las empresas contribuyen con inversión, tecnología y capacidad operativa.
Los primeros pasos no requieren grandes inversiones
Pinaya remarcó que la economía circular no siempre comienza con grandes inversiones. Las empresas pueden dar los primeros pasos mediante prácticas de producción más limpia. “La economía circular empieza con buenas prácticas internas dentro de los procesos productivos y todas las empresas pueden dar ese paso”, señaló.
Ordenar los procesos, reducir pérdidas, planificar mejor la producción y utilizar eficientemente las materias primas, la energía y el agua puede generar ahorros, elevar la productividad y reducir los residuos.
“Todo lo que signifique ahorro de energía, utilizar bien los recursos y planificar las acciones productivas genera eficiencia y es el primer paso que pide la economía circular”, explicó.
Gálvez señaló que las metodologías de la familia ISO 59000 ofrecen indicadores para evaluar el uso de materiales, agua y energía, así como la generación de residuos y el manejo de sustancias químicas.
El desarrollo de capacidades deberá alcanzar a las grandes industrias y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre las propuestas figuran programas técnicos sobre remanufactura, gestión de materiales y auditorías de circularidad, además de certificaciones nacionales o regionales rigurosas, pero más accesibles, que posteriormente puedan articularse con estándares internacionales.
Bolivia no parte de cero
En su presentación, Gálvez identificó tres normas vinculadas con la economía circular: la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, de 2015; su Reglamento General, aprobado en 2016; y el Reglamento General de la Responsabilidad Extendida del Productor, de 2024.
El proceso de diálogo busca avanzar sobre esa base. Su primera etapa comprende el diagnóstico de la situación actual, la identificación de desafíos y oportunidades y la definición de ejes estratégicos. Después, las propuestas serán revisadas y validadas con los actores involucrados para generar consensos. La última fase estará destinada a presentar y difundir el instrumento.
Las experiencias regionales muestran que no existe un modelo único. Según la exposición de Gálvez, algunos países avanzaron mediante leyes; otros desarrollaron estrategias o adoptaron hojas de ruta nacionales y sectoriales. Bolivia deberá definir su propio camino de acuerdo con sus capacidades institucionales, condiciones económicas y prioridades productivas.
El desafío será traducir las propuestas en un instrumento aplicable, con responsabilidades, incentivos, financiamiento, inclusión y plazos que permitan pasar de experiencias individuales a un nuevo modelo de producción sostenible.
