BOSQUES. Comunidades indígenas, mujeres y jóvenes agregan valor a productos forestales y agrícolas, mejoran su acceso a los mercados y conservan los territorios donde viven. La Conferencia Global del Mecanismo para Bosques y Fincas reúne en Santa Cruz las experiencias y aprendizajes acumulados durante más de una década.
Karina Vargas Alba
Cacao y café producidos bajo sistemas agroforestales en Bolivia; restauración de manglares y artesanías elaboradas con fibras naturales en Colombia; madera y canela con certificación ambiental en Vietnam; miel producida por comunidades rurales en Zambia, y emprendimientos de mujeres que transforman karité, baobab y castaña de cajú en Ghana. Los productos, paisajes y formas de organización son diferentes, pero las experiencias comparten el mismo principio: conservar los bosques puede generar ingresos y desarrollo para las comunidades que los habitan cuando la producción incorpora valor agregado, organización y acceso a mercados.
Ese fue el objetivo del Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus siglas en inglés), un programa del Fondo para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) que está concluyendo su segunda fase, desarrollada entre 2018 y 2026, y que esta semana reúne a representantes de organizaciones de productores forestales y agrícolas, pueblos indígenas, gobiernos, instituciones financieras y organismos de cooperación de 15 países se reúnen en Santa Cruz de la Sierra.
Esta conferencia global del FFF evalúa los resultados y abre la discusión sobre cómo ampliar sus resultados, movilizar nuevas inversiones y fortalecer el acceso de las organizaciones a mercados que reconozcan la calidad, la trazabilidad y el origen sostenible de sus productos.
En busca del manejo sostenible
Desde 2012, el mecanismo invirtió directamente más de 84 millones de dólares en 852 organizaciones de productores forestales y agrícolas de América Latina, África y Asia. El trabajo se concentró en fortalecer a las organizaciones, desarrollar negocios sostenibles, agregar valor a la producción, incidir en políticas públicas y avanzar en la restauración y el manejo sostenible de los paisajes.
Durante la segunda fase se destinaron alrededor de 65 millones al trabajo en 15 países y se contribuyó al manejo sostenible de aproximadamente 700.000 hectáreas de bosques. Ewald Rametsteiner, subdirector de la División Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó que estos resultados se traducen en empleos rurales, ingresos para las familias, paisajes más resilientes y mejores perspectivas para las comunidades.
Remarcó que los pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales no deben ser considerados únicamente beneficiarios o los últimos eslabones de las intervenciones. Por su conocimiento del territorio y su capacidad de desarrollar respuestas adaptadas a cada contexto, deben participar en las decisiones y ser “los primeros arquitectos de su propio futuro”.
Calidad antes que cantidad
Bolivia refleja la diversidad de este modelo. El mecanismo fortaleció a cerca de 50 organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonía, los Yungas y la Chiquitania, vinculadas con cadenas de valor como el cacao, café, castaña, asaí, majo, miel, oleorresinas y otros frutos tropicales.
El trabajo incluyó asistencia técnica, fortalecimiento organizativo, transformación de materias primas, planificación territorial, certificaciones y acceso a mercados. El propósito es que las familias no se limiten a vender productos sin procesar y puedan mejorar sus ingresos mediante la calidad, la diferenciación y el valor agregado.
El representante de la FAO en Bolivia, Rodrigo Roubach, destacó que la agrobiodiversidad del país ofrece productos con características particulares, aunque no necesariamente con capacidad para competir mediante grandes volúmenes.
“Hay productos que solamente se encuentran en Bolivia y es lo que hay que priorizar. No va a ser una producción de gran escala, pero sí una producción pequeña o mediana con potencial de exportación”, explicó.
Para Roubach, una de las oportunidades está en diferenciar los productos por su calidad, avanzar en figuras como las denominaciones de origen y acceder a mercados específicos que paguen mejores precios. Entre las barreras identificó la falta de tecnificación y la necesidad de mejorar las formas de producir, cosechar y conservar los suelos de acuerdo con las características de cada ecosistema.
Las organizaciones apoyadas en Bolivia lograron ventas superiores a los 5,5 millones de dólares y avanzaron en el manejo sostenible de más de 75.000 hectáreas. Los resultados muestran que las cadenas productivas pueden mejorar los ingresos y, al mismo tiempo, contribuir a la adaptación al cambio climático y la conservación de los territorios.
En la Chiquitania, la almendra chiquitana ofrece un ejemplo concreto de esta relación. Las familias recolectan el fruto bajo el dosel del bosque, lo seleccionan, procesan y envasan mientras mantienen la cobertura forestal. “No es una postal, es una unidad económica que funciona”, afirmó la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, al referirse a la experiencia de la comunidad de Palmarito, en Concepción, que visitarán los participantes de la conferencia.
Diferentes territorios, un propósito común
Las experiencias compartidas durante estos días muestran que no existe una fórmula única. Depende de los ecosistemas, la cultura, los conocimientos locales y las oportunidades de cada territorio. Por ejemplo, en Colombia, organizaciones indígenas, afrodescendientes y de mujeres rurales trabajan en la restauración de manglares, la agroforestería, el manejo comunitario de los bosques y la elaboración de artesanías con fibras y tintes naturales.
En Brasil, las iniciativas combinan agroecología, producción de yerba mate bajo sombra, asaí, cacao, frutas amazónicas, pesca artesanal y harina de yuca. En Vietnam, cooperativas rurales avanzaron en las certificaciones FSC y orgánica de madera y canela, además de incorporar mecanismos de trazabilidad para cumplir estándares más exigentes.
En Zambia, productores organizados desarrollan cadenas de miel, baobab y tamarindo junto con iniciativas de agroforestería y restauración. Ghana impulsa emprendimientos relacionados con cacao, karité, baobab y castaña de cajú, con una importante participación de mujeres. Guatemala trabaja con cooperativas vinculadas con café, cardamomo, cacao y apicultura, mientras fortalece las capacidades de jóvenes rurales para que asuman funciones de liderazgo.
En conjunto, estas experiencias muestran que agregar valor no significa solamente incorporar maquinaria. También supone mejorar los procesos, fortalecer las organizaciones, cuidar la calidad, obtener certificaciones, desarrollar marcas, asegurar la trazabilidad y recuperar conocimientos tradicionales.
Organizarse para crecer
Esther Penunia, secretaria general de la Asociación Asiática de Agricultores para el Desarrollo Rural Sostenible y representante de las organizaciones de productores en el Comité Directivo del FFF, destacó que la organización permite reunir las voces de miles de pequeños agricultores e incidir en políticas públicas construidas desde sus realidades y aspiraciones.
También facilita la prestación de servicios a los productores, la capacitación, el acompañamiento empresarial y la articulación de la producción agroecológica con la transformación y comercialización.
Penunia citó el caso de pequeños fondos rotatorios para jóvenes agricultores establecidos en seis países. Con montos iniciales de alrededor de 3.000 dólares por ciclo, estas herramientas ya alcanzaron su sexto ciclo en Nepal y Mongolia y continúan apoyando emprendimientos colectivos.
En Vietnam, el mecanismo ayudó a organizar a mujeres en cooperativas dedicadas a la producción sostenible de acacia y a la elaboración de tableros livianos comercializados en mercados internacionales. También apoyó a una organización indígena liderada por mujeres que desarrolló una iniciativa de turismo comunitario.
Para Penunia, estos recursos, aunque pequeños frente a otras fuentes de cooperación, tuvieron un efecto catalizador porque fortalecieron capacidades, generaron conexiones y abrieron nuevas oportunidades. El siguiente paso debe ser que las organizaciones puedan acceder directamente a fondos climáticos de mayor escala.
Las comunidades deciden
Katja Vuori, directora ejecutiva de AgriCord, señaló que los resultados muestran lo que ocurre cuando agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales se organizan, definen sus prioridades y cuentan con medios para actuar.
“Se han creado empresas, se han restaurado paisajes, se han cambiado políticas, y mujeres y jóvenes han asumido posiciones de liderazgo”, resumió.
Sin embargo, advirtió que ampliar estas experiencias no significa copiar una iniciativa exitosa y trasladarla a otro territorio. Implica crear las condiciones para que las soluciones locales puedan surgir, fortalecerse y conectarse entre sí. Vuori sostuvo que las alianzas deben evaluarse a partir de preguntas concretas: quién define el problema, quién decide dónde invertir, qué conocimientos son tomados en cuenta, quién asume los riesgos y quién recibe finalmente los beneficios.
“Más poder de decisión debe acercarse a las personas y organizaciones que están generando el cambio sobre el terreno. Esto no significa dejarlas solas sino articular sus conocimientos con los aportes de organizaciones, especialistas, autoridades y otros actores», precisó.
Conservar sin renunciar al desarrollo
El viceministro de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad, Jorge Ávila, sostuvo que el trabajo desarrollado en diferentes países ofrece evidencia de que invertir en organizaciones de productores puede transformar los territorios, fortalecer los medios de vida y aumentar la resiliencia climática.
“Ha demostrado que el uso sostenible, la producción y la conservación pueden ir perfectamente de la mano y ser aliados del desarrollo sostenible”, señaló.
Ávila planteó la necesidad de ampliar los mecanismos de financiamiento accesibles para pequeños productores, fortalecer sus capacidades organizativas y brindar asistencia técnica directa a las comunidades. También destacó la importancia de consolidar mercados para productos forestales maderables y no maderables e impulsar los sistemas agroforestales.
El siguiente desafío será movilizar mayores inversiones públicas y privadas, mejorar el acceso directo de las organizaciones al financiamiento climático y desarrollar modelos de negocio que no separen la producción de la conservación.
La Declaración de la Chiquitania
La conferencia concluirá el fin de semana con la Declaración de la Chiquitania, que recogerá los principales acuerdos y planteará una hoja de ruta para una nueva etapa. El objetivo es pasar de experiencias puntuales a políticas e inversiones capaces de ampliar los resultados sin perder el enfoque territorial ni el protagonismo de las comunidades.
Para Ignacia Supepi, cacique de la Central Indígena de Comunidades de Concepción, las comunidades no son únicamente beneficiarias de proyectos ambientales. Son depositarias de conocimientos construidos durante generaciones y las principales responsables del cuidado cotidiano de los territorios.
“Tal vez no seamos profesionales con un título de ingeniería o de otras profesiones, pero somos profesionales en conservar nuestro territorio, en conservar los recursos naturales y en cuidar a los animales que tiene nuestra casa grande”, afirmó.
Es una mirada y una forma de participación que las comunidades indígenas chiquitanas quieren preservar a través de modelos que impulsen la producción y respeten el bosque. La suya es una de las decenas de experiencias que, por estos días en Santa Cruz, muestran que el bosque en pie puede sostener empleos, ingresos y oportunidades. También reflejan que esos resultados dependen de que las comunidades tengan capacidad de decisión, acceso directo al financiamiento y una participación más justa en los mercados. Llevar estas iniciativas a una escala mayor, sin que pierdan su raíz territorial, será el principal desafío de la nueva etapa del Mecanismo para Bosques y Fincas.
