ÁREAS PROTEGIDAS. La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación exige dejar sin efecto el instructivo que solicita al personal del Sernap poner sus cargos a disposición. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de desvinculaciones, precarización e inestabilidad laboral y pidió explicaciones al Ministerio de Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua.
Los guardaparques de Bolivia se declararon en estado de emergencia ante el instructivo que solicita al personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) poner sus cargos a disposición, mientras se desarrolla un proceso de reestructuración institucional. A la preocupación expresada por el sector se sumó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que inició una investigación de oficio para prevenir posibles vulneraciones de derechos laborales.
La disposición fue emitida por el Ministerio de Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, el pasado 28 de agosto, señalando que la medida se adopta en el marco del Decreto Supremo 5675 y del proceso de reorganización de esa cartera de Estado.
El instructivo CAR/MPSMAA/DGAJ N.º 0288/2026, solicita la presentación de notas formales para poner los cargos a disposición, con el argumento de garantizar una transición ordenada hacia la nueva estructura institucional y proceder posteriormente con las designaciones o ratificaciones correspondientes.
Frente a esta decisión, la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) exigió que la instrucción sea anulada.
“Lo que nosotros hemos resuelto primeramente es exigir al ministro que pueda anular esta instructiva, esta petición, dejarla sin efecto. Esa es una de las primeras peticiones que estamos haciendo”, afirmó el presidente de Abolac, Marcos Uzquiano, en declaraciones a Visión 360.
Según el dirigente, la medida generó preocupación e indignación entre el personal porque alcanza no solo a los guardaparques, sino también a funcionarios técnicos, administrativos y a la dirección ejecutiva del Sernap.
Sector vulnerable
Uzquiano advirtió que los guardaparques constituyen el sector más sensible y vulnerable dentro de la gestión de las áreas protegidas. De concretarse su desvinculación, señaló, 143 trabajadores podrían perder su fuente laboral y se debilitarían las tareas de vigilancia, control y conservación en estos territorios.
Abolac también pidió al Gobierno impulsar planes de fortalecimiento institucional para las áreas protegidas y mejorar las condiciones en las que los guardaparques desempeñan sus funciones.
En lugar de solicitar que pongan sus cargos a disposición, sostuvo Uzquiano, el Ejecutivo debería concentrarse en “la implementación o en la gestión de planes, programas y proyectos para fortalecer esta gestión y también para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades de los territorios indígenas que habitan dentro de las áreas protegidas”.
La Defensoría pide garantizar los derechos laborales
Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación de los guardaparques y jefes de Protección del Sernap. Advirtió que el proceso de reestructuración podría derivar en desvinculaciones, precarización e inestabilidad laboral.
La institución reconoció que las reestructuraciones estatales pueden formar parte de decisiones legítimas de la gestión pública, pero remarcó que deben desarrollarse respetando las garantías constitucionales y los derechos de los trabajadores.
“Los procesos de reestructuración del Estado pueden constituir decisiones legítimas de gestión pública; sin embargo, su implementación debe observar las garantías constitucionales y los derechos laborales, evitando medidas arbitrarias o desproporcionadas”, señala el pronunciamiento.
La Defensoría agregó que estas medidas no deben ocasionar retrocesos en la protección efectiva de los derechos humanos y ambientales ni afectar el cuidado de la Madre Tierra.
Investigación de oficio
A partir de la denuncia pública presentada por Abolac, la institución defensorial informó que activó de oficio una investigación para verificar que las decisiones administrativas adoptadas se ajusten a la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y los estándares internacionales de derechos humanos.
También notificó al ministro de Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, Óscar Justiniano, con un Requerimiento de Informe Escrito. A través de este mecanismo solicitó información y documentación sobre la situación laboral del personal involucrado y las medidas previstas para garantizar la continuidad de sus funciones. De acuerdo con el pronunciamiento, la respuesta todavía se encuentra dentro del plazo establecido.
Además, la Defensoría pidió una audiencia informativa urgente con la máxima autoridad del Ministerio. El objetivo es plantear la necesidad de proteger los derechos de quienes realizan tareas de custodia, vigilancia y conservación en las áreas protegidas, además de valorar la experiencia y la especialización técnica que adquirieron durante su trabajo en campo.
“Sin guardaparques no hay protección de la Madre Tierra”, remarcó la institución al exhortar a las autoridades a resguardar sus derechos laborales y evitar que la reestructuración institucional afecte la continuidad de las labores de conservación.
Con datos de Sumando Voces y Defensoría del Pueblo
Foto principal: Sumando Voces / Erbol
