ECONOMÍA. Un estudio de la Fundación Milenio, desarrollado con el apoyo de CIPE, señala que reducir los costos de los trámites y facilitar el acceso a mercados, financiamiento y seguridad jurídica es clave para romper el círculo entre informalidad, baja productividad y escaso crecimiento empresarial.
Ocho de cada diez personas ocupadas en Bolivia trabajan en la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) correspondientes al primer semestre de 2025. Frente a esta realidad, la Fundación Milenio plantea que la formalidad deje de ser solamente una lista de obligaciones y se convierta en una vía para que las empresas vendan más, accedan a crédito, inviertan y generen empleo.
Esta es una de las conclusiones del estudio elaborado con el apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), como parte del proyecto regional “Avanzando las libertades económicas en América Latina”.
La investigación advierte que Bolivia enfrenta un círculo en el que la informalidad, la baja productividad y el escaso crecimiento empresarial se refuerzan entre sí, especialmente entre los negocios de menor tamaño.
“Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, afirmó Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.
Formalizarse no garantiza crecer
Para una pequeña empresa, registrarse, obtener permisos y cumplir obligaciones no se traduce necesariamente en mejores oportunidades. Tener un NIT no garantiza conseguir nuevos clientes ni acceder a crédito, así como cumplir los requisitos tampoco asegura que el negocio pueda crecer.
Por eso, el estudio propone entender la formalización como una trayectoria económica, en la que las empresas puedan avanzar hacia mayores niveles de productividad, ventas, empleo, inversión y acceso a financiamiento. La evidencia analizada muestra que las empresas con mayores niveles de formalidad tienden a ser más grandes y productivas, registran más ventas, generan más empleo y tienen mejores posibilidades de obtener crédito.
El desafío consiste en que los beneficios de la formalidad sean mayores y más visibles que sus costos, especialmente para los pequeños negocios.
“Es lo que en Milenio denominamos libertad económica efectiva: la posibilidad real de que una empresa pueda desarrollar sus actividades bajo reglas suficientemente previsibles y con costos que no terminen convirtiéndose en una barrera para su crecimiento”, explicó Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio.
Menos obstáculos y más oportunidades
Para reducir la informalidad de manera sostenible, la investigación recomienda simplificar y disminuir el costo de los trámites, facilitar el acceso al financiamiento, abrir oportunidades para llegar a nuevos mercados y fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones, los activos y los contratos.
La propuesta es pasar del círculo de informalidad, baja productividad y poco crecimiento a otro en el que la formalidad contribuya a generar inversión, expansión empresarial y empleo. Sin embargo, este cambio no depende únicamente de las empresas. La forma en que las instituciones estatales diseñan y aplican las reglas también puede facilitar o dificultar el camino hacia la formalidad.
Esta conclusión coincide con los resultados de “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre las libertades económicas”, realizado el 17 de septiembre en Bogotá, donde se analizaron investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Desencuentro con las políticas públicas
Uno de los problemas comunes identificados en los cinco países es que las decisiones públicas no siempre consideran suficientemente las necesidades de quienes trabajan, producen e invierten.
Para un pequeño empresario, no es lo mismo que un funcionario conozca los requisitos desde un escritorio a que comprenda cuánto tiempo toma un trámite, cuánto cuesta, qué dificultades presenta y qué necesita la empresa después para crecer.
El foro plantea fortalecer la descentralización, pero acompañándola con instituciones locales que tengan capacidad técnica, información y mecanismos efectivos para escuchar a empresas, trabajadores y ciudadanos.
Simplificar antes de digitalizar
Otro hallazgo está relacionado con la aplicación de las normas. El problema no siempre es la cantidad de reglas: también pueden ser confusas, rígidas o interpretadas de manera diferente por distintas instituciones. Para los empresarios, esto se traduce en más visitas a oficinas, documentos repetidos, costos adicionales e incertidumbre sobre los pasos necesarios para cumplir.
Entre las recomendaciones figuran una mayor transparencia, la capacitación de funcionarios y empresarios, la simplificación de procesos, la digitalización, la evaluación del impacto de las nuevas regulaciones y el diálogo permanente entre el Estado y quienes desarrollan actividades económicas.
Una premisa central es simplificar antes de digitalizar. Trasladar un trámite complejo a internet no lo hace necesariamente más sencillo si mantiene requisitos innecesarios o exige presentar varias veces la misma información.
Una formalidad que abra puertas
Las conclusiones tienen una aplicación directa para Bolivia. Si formalizarse implica únicamente asumir costos y obligaciones, persistirán los incentivos para permanecer en la informalidad. Pero si cumplir las reglas permite acceder a crédito, nuevos clientes y mercados, invertir y crecer, la formalidad puede convertirse en una herramienta de desarrollo empresarial.
El reto, por tanto, no consiste solamente en reducir el número de trabajadores informales, sino en conseguir que ingresar y permanecer en la economía formal tenga un valor concreto para quienes producen y generan empleo.
La pregunta de fondo es qué obtiene una empresa cuando cumple las reglas y qué tan fácil le resulta avanzar después. La respuesta puede marcar la diferencia entre una formalidad percibida como una carga y otra que abra la puerta a más oportunidades, productividad y crecimiento.
