Pablo Pinell Prado
Economista, especializado en Gestión Pública y Finanzas Verdes
La respuesta es más simple de lo que parece. Porque estamos buscando soluciones donde no las necesitamos: en nuevas categorías legales, nuevas instituciones, nuevos recursos. Mientras tanto, ignoramos completamente que la solución ya existe en el terreno.
El problema no es la ley. Es el reconocimiento.
Durante décadas, nuestra estrategia de conservación se basó en un supuesto simple: un parque nacional creado por decreto constituye un área protegida. Lo hemos visto decenas de veces. La realidad es otra: declarar un área protegida no garantiza su conservación.
Los incendios, la ocupación irregular del territorio, la expansión de actividades extractivas y la escasez crónica de presupuesto han dejado clara una lección: la protección legal es necesaria, pero es completamente insuficiente cuando hay limitaciones institucionales, presiones sobre el territorio y capacidades débiles de gestión.
Bolivia no es ajena a esto. Miremos nuestras áreas protegidas hoy: algunas funcionan, otras no. Algunas son gobernadas de manera efectiva, otras solo existen en el papel. ¿Pero qué ocurre con los territorios indígena originario campesinos que mantienen bosques funcionales? ¿Con las reservas privadas que conservan ecosistemas únicos? ¿Con los bosques comunitarios y áreas de manejo sostenible que generan resultados reales de conservación?
Esos territorios tienen mínima voz en nuestras políticas públicas. No acceden a financiamiento climático. No aparecen en nuestros reportes internacionales. Pero están ahí, conservando biodiversidad sin que nadie les reconozca el esfuerzo.
Las OMEC: reconocer lo que ya existe
En diciembre de 2022, el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal estableció la Meta 30×30: para 2030, al menos el 30% de las áreas terrestres, continentales y marinas del planeta deben estar efectivamente conservadas.
Pero aquí viene lo interesante. La meta no dice: «crear nuevas áreas protegidas». Dice: «estar efectivamente conservadas». Esa es toda la diferencia.
Para eso existen las Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC): áreas geográficamente definidas que, aunque no sean áreas protegidas oficiales, están gobernadas y gestionadas de manera efectiva y producen resultados positivos y sostenidos para la biodiversidad.
En otras palabras: las OMEC no buscan crear nuevas áreas de conservación. Buscan identificar, reconocer y fortalecer territorios que ya están contribuyendo efectivamente a la conservación.
Esa diferencia es profunda. Mientras que una nueva área protegida es una apuesta al futuro, una OMEC reconoce una realidad que ya existe. La biodiversidad ya se está conservando. La gobernanza ya funciona. Los resultados ya son observables.
¿Qué está haciendo el resto de América Latina?
Colombia, Perú y Ecuador no están esperando. Ya desarrollaron marcos normativos específicos. Ya tienen experiencias piloto en territorio. Ya reportan OMEC al sistema internacional. Y cosa importante: ya están sembrando escenarios de futuro financiamiento climático a través de estos mecanismos.
La discusión en esos países ya no gira en torno a cuántas nuevas áreas protegidas pueden declararse. Gira alrededor de una pregunta mucho más pragmática: ¿cuántos territorios que ya están generando conservación efectiva merecen ser reconocidos como tales?
Bolivia tiene las condiciones para liderar. La diversidad de modelos de gobernanza que operan en el país es probablemente una de nuestras mayores fortalezas. Territorios indígena originario campesinos, iniciativas comunitarias de conservación, reservas privadas, sistemas de manejo forestal sostenible. Todos ellos constituyen un potencial estratégico enorme para complementar nuestros esfuerzos de conservación y cumplir nuestros compromisos internacionales.
En los últimos meses, distintos actores institucionales y organizaciones han avanzado en sentar las bases técnicas e institucionales de un futuro sistema nacional de OMEC. Intercambios regionales, experiencias piloto, adaptación de criterios internacionales, fortalecimiento de capacidades. El trabajo existe. Las herramientas están propuestas. Lo que falta será ejecutar.
La pregunta que Bolivia debe hacerse
En un momento en que el mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes y una pérdida de biodiversidad acelerada, quizás nuestra pregunta estratégica no sea: ¿cuántas nuevas áreas protegidas podemos crear?
Tal vez la pregunta debería ser: ¿cuántos territorios que ya están conservando biodiversidad seguimos sin reconocer?
Porque si una parte importante de la solución ya existe sobre el terreno —si los actores locales ya están haciendo el trabajo de conservación sin recibir reconocimiento formal ni acceso a financiamiento internacional— entonces el desafío ya no es de voluntad política. Las limitaciones institucionales y presupuestarias son reales, pero también lo es algo esperanzador: el gobierno ha mostrado apertura para acelerar el reconocimiento de las OMEC.
Lo que queda es convertir esa apertura en acción.
