CONSERVACIÓN. Abolac pidió una reunión con el presidente Rodrigo Paz para plantear las necesidades de quienes custodian el patrimonio natural del país con un 60% de personal eventual, salarios insuficientes y escaso respaldo institucional.
Después de más de seis meses sin recibir respuesta a una primera solicitud enviada en noviembre de 2025, la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (ABOLAC) reiteró su pedido de una audiencia con el presidente Rodrigo Paz. La organización espera que el encuentro pueda concretarse el próximo 31 de julio, en el Día Mundial de los Guardaparques, para exponer tanto las necesidades laborales del sector como la situación que enfrentan las áreas protegidas del país.
En la carta, la asociación recuerda que los guardaparques cumplen una función esencial para la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de Bolivia. Además de proteger ecosistemas, especies y paisajes, resguardan las fuentes de agua, contribuyen al desarrollo del turismo de naturaleza y enfrentan de manera permanente amenazas como los incendios forestales, la minería ilegal, la tala, el tráfico de fauna silvestre y los avasallamientos.
«Los guardaparques no estamos haciendo una petición únicamente para nuestro sector. Somos los cuidadores de uno de los tesoros más importantes que tiene Bolivia: sus áreas protegidas, su biodiversidad y los servicios ambientales que sostienen la vida», afirmó Marcos Uzquiano, presidente de ABOLAC.
Una demanda que va más allá de lo laboral
La principal solicitud de la organización es la creación gradual de ítems financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN) para el personal eventual. Según Uzquiano, actualmente Bolivia cuenta con aproximadamente 300 guardaparques distribuidos en 23 de las 24 áreas protegidas de carácter nacional. Sin embargo, cerca del 60% trabaja bajo contratos eventuales, pese a que algunos llevan entre 15 y 20 años desempeñando las mismas funciones.
«Queremos que estos compañeros puedan acceder de manera gradual a ítems permanentes. No es una demanda nueva; la venimos planteando desde hace más de una década», señaló.
El dirigente explicó que este cambio depende del Gobierno nacional porque implica decisiones presupuestarias que exceden las competencias del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). La asociación también plantea una nivelación salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
En una entrevista en el programa de Maggy Talavera, «Periodismo sin Photoshop», Uzquiano indicó que un guardaparque eventual percibe alrededor de 3.500 bolivianos líquidos, ingreso que debe cubrir tanto las necesidades de su familia como los gastos personales durante las largas permanencias en campamentos ubicados en zonas remotas.
«El guardaparque trabaja en campo. De ese salario una parte queda para la familia y otra debe llevarla al campamento para cubrir alimentación y otros gastos. Con el incremento del costo de vida, ese dinero ya no alcanza», explicó.
Sus demandas también incluyen la implementación de un seguro de vida adecuado, mejores servicios de salud, infraestructura para los campamentos, equipamiento y programas permanentes de capacitación.
Los desafíos de proteger el patrimonio natural
Uzquiano recordó que los guardaparques tienen bajo su responsabilidad entre 15 y 17 millones de hectáreas de áreas protegidas nacionales, donde deben enfrentar riesgos que se han intensificado en los últimos años.
«El guardaparque está expuesto diariamente a situaciones de hostilidad. Enfrentamos incendios forestales, minería ilegal, tráfico de fauna, tala ilegal y muchas veces no contamos con el respaldo inmediato de otras instituciones del Estado», sostuvo.
Añadió que la organización busca que el Presidente conozca de primera mano esa realidad y pueda impulsar una hoja de ruta que permita fortalecer el sistema de áreas protegidas.
«No somos gente de conflicto. Queremos que el Presidente nos escuche, conozca quiénes somos y entienda la responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas. Tal vez no tenga una solución inmediata, pero sí puede instruir que este tema empiece a resolverse.»
La realidad desde Torotoro
El guardaparque Celso Aguilar, quien trabaja en el Parque Nacional Torotoro, explicó las dificultades económicas que enfrentan a diario. En esa área protegida trabajan ocho guardaparques, entre personal permanente y eventual, bajo un sistema de 20 días continuos de trabajo en campamentos por 10 días de descanso.
«Nuestro salario líquido ronda los 3.500 bolivianos y actualmente ya no alcanza. Los alimentos, el combustible y el transporte han subido considerablemente y muchas familias ya no pueden mantener el mismo ritmo de vida», relató.
Aguilar explicó que gran parte de los campamentos fueron construidos entre 2008 y 2009 y presentan un importante deterioro. «Tratamos de mantenerlos con nuestro propio trabajo porque los recursos son limitados», comentó.
Además de las tareas de conservación, los guardaparques desarrollan labores de control turístico, monitoreo ambiental, atención a visitantes y protección del patrimonio paleontológico que caracteriza a Torotoro, reconocido por albergar uno de los conjuntos de huellas de dinosaurios más importantes del mundo.
El guardaparque también señaló que los recientes bloqueos afectaron severamente la actividad turística en el parque. «En 2023 recibimos alrededor de 30.000 visitantes; el año pasado fueron cerca de 22.000 y este año el flujo cayó prácticamente a cero durante los bloqueos. Recién estamos comenzando a recuperarnos», explicó.
Un llamado al diálogo
En la carta enviada al presidente, ABOLAC sostiene que la reunión busca abrir un espacio para discutir no solo las condiciones laborales de los guardaparques, sino también el fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas.
La organización fijó como fecha tentativa el 31 de julio para concretar ese encuentro. De no obtener una respuesta, anunció que evaluará realizar una movilización pacífica en la ciudad de La Paz para visibilizar la situación del sector.
Para Uzquiano, fortalecer las condiciones de trabajo de los guardaparques no constituye únicamente una reivindicación laboral. Significa, afirmó, fortalecer la capacidad del país para conservar la biodiversidad, proteger las fuentes de agua, sostener el turismo de naturaleza y enfrentar amenazas cada vez mayores sobre uno de los patrimonios naturales más importantes de Bolivia.
