Cecilia González Paredes
Biotecnóloga y divulgadora científica
Lo que Bruselas ha vuelto a poner sobre la mesa con el llamado Chat Control no es un detalle técnico ni una pelea menor entre burócratas europeos. Es una vieja propuesta vestida de novedad: permitir que las plataformas revisen mensajes privados con el argumento, en apariencia noble, de proteger a niños y adolescentes frente al abuso sexual en línea.
La propuesta no nació ayer. Viene de una larga tensión entre seguridad y privacidad que la Unión Europea administra cada vez con menos pudor. Esta vez avanzó, con una maniobra que huele más a cálculo político que a deliberación democrática. El Parlamento Europeo la aprobó por un procedimiento de urgencia, en pleno tramo final antes del receso de verano. Lo escandaloso es que hubo más votos en contra que a favor, pero aun así la medida siguió adelante porque la regla exigía una mayoría absoluta del total de eurodiputados para frenarla. No bastó con que más parlamentarios dijeran no; había que alcanzar un umbral más alto para detenerla. En la práctica, ganó por procedimiento lo que no ganó por convicción.
Cuando una norma que afecta la intimidad de millones de personas se empuja así, sin debate amplio y con prisa institucional, el mensaje es claro: primero pasa la puerta, luego discutimos si la casa se incendia. Y aquí no se trata de defender zonas oscuras de impunidad. Nadie sensato discute que el abuso sexual infantil en internet es una de las formas más repugnantes de violencia contemporánea y que los Estados tienen obligación de enfrentarlo. El punto es otro. Cuánto de la privacidad cotidiana están dispuestos a sacrificar en Europa, para que una tecnología decida qué lee, qué clasifica y qué reporta de las conversaciones privadas.
Las objeciones son enormes. La primera es obvia: si se normaliza el escaneo de mensajes privados, aunque se lo llame voluntario, se abre la puerta a una vigilancia que deja de ser excepcional y pasa a ser infraestructura. La segunda es técnica, pero con consecuencias políticas: ningún sistema de detección es infalible. Habrá falsos positivos, habrá interpretaciones erróneas, habrá conversaciones inocentes que terminen bajo sospecha. La tercera es la más grave, porque es la que siempre termina imponiéndose cuando una sociedad se acostumbra: lo que hoy se justifica para proteger menores mañana puede usarse para controlar disidencias, perfilar ciudadanos, presionar a periodistas o expandir el radar del poder sobre la vida privada.
Por eso este debate no debería leerse solo como una disputa europea. Lo que ocurre en Bruselas tiene efecto de arrastre. La Unión Europea sigue siendo referente normativo para buena parte del mundo, y cuando allí se legitima una forma de vigilancia, otros gobiernos observan, copian, adaptan y endurecen. De este lado, nuestros países conocen bien ese mecanismo. Primero llega la promesa de seguridad, después el lenguaje de la excepción, y finalmente la costumbre de mirar dentro de la vida ajena como si fuera un derecho del Estado. En nombre de cuidar a las infancias, se puede terminar fabricando un modelo de control social más amplio, más sofisticado y más difícil de revertir.
La cabeza del Parlamento Europeo puede decir que actúa por protección, pero toda arquitectura de control termina teniendo un interés político propio: medir, anticipar, ordenar, disuadir. Y eso, en tiempos de polarización, miedo y guerra informativa, es demasiado tentador para los gobiernos. Quizá por eso el asunto no debería tranquilizarnos ni un poco.
Porque la historia de las libertades no suele romperse con un gran golpe, sino con pequeños ajustes procedimentales, con excepciones bien empaquetadas, con causas nobles que sirven de coartada para el avance del control.
